La exprimera dama Verónica Alcocer respondió a los señalamientos de la exconsejera presidencial Eva Ferrer y entregó a la Fiscalía General de la Nación una carta en la que negó cualquier participación en los presuntos hechos delictivos denunciados por la exfuncionaria.
En el documento, Alcocer precisó que viajó a Venezuela en únicamente dos oportunidades, ambas en el marco de visitas oficiales, y solicitó a la Fiscalía información detallada sobre la indagación en la que se han mencionado su nombre y los supuestos hechos denunciados.
La comunicación representa un pronunciamiento público y judicial relevante de la exprimera dama, quien hasta ahora había mantenido silencio frente a las graves acusaciones que han trascendido en los últimos días.
En la carta, Alcocer identificó las fechas de los dos desplazamientos que reconoce haber realizado al vecino país durante 2023: El 31 de enero de 2023 viajó como integrante de una delegación oficial, y el 18 de noviembre de 2023: realizó un segundo desplazamiento, esta vez junto al entonces presidente Gustavo Petro.
La exprimera dama sostuvo que no volvió a Venezuela, ni siquiera por motivos personales. También afirmó que existen registros institucionales, agendas oficiales y material audiovisual de acceso público que permitirían verificar las actividades realizadas durante ambas visitas.
¿Qué le pidió Alcocer a la Fiscalía?
La comunicación fue dirigida a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y al vicefiscal general, Gilberto Guerrero. Mediante un derecho de petición, Alcocer solicitó que le informaran si se abrió una nueva indagación a raíz de las declaraciones de Ferrer, cuál es el número del expediente y qué fiscal está a cargo del caso.
También pidió claridad sobre si los nuevos señalamientos se incorporarán a una investigación que ya se encuentre en curso. Según explicó, su intención es designar oportunamente un abogado de confianza, garantizar el ejercicio de sus derechos y atender los requerimientos de las autoridades.
Alcocer manifestó, además, su disposición a colaborar con la justicia y aseguró que no pretende que se descarte ninguna hipótesis sin una investigación. En su criterio, los hechos deben establecerse a partir de pruebas y no de versiones indirectas.
Las graves acusaciones de Eva Ferrer
La controversia se originó en las declaraciones de Eva Ferrer, exconsejera presidencial durante el gobierno de Gustavo Petro y antigua colaboradora cercana de Alcocer.
En una entrevista con la revista Semana, Ferrer lanzó señalamientos sobre presuntas actividades ilícitas que, según su versión, involucrarían a la exprimera dama y a personas de su entorno. Entre las acusaciones mencionó un supuesto transporte de drogas, armas y dinero en vuelos oficiales relacionados con Venezuela.
La exfuncionaria afirmó, entre otros señalamientos, que de un viaje realizado en enero de 2023 se habrían traído 2,5 millones de dólares. También hizo referencias a un supuesto traslado de estupefacientes en aeronaves oficiales.
Sin embargo, estas afirmaciones constituyen señalamientos que deben ser verificados por las autoridades y no hechos judicialmente probados. Alcocer rechazó cualquier participación en las conductas denunciadas y cuestionó que parte de la información divulgada, según las propias declaraciones de Ferrer, provendría de terceros y no de hechos que hubiera presenciado directamente.
Una investigación pendiente de esclarecer los hechos
El pronunciamiento de Alcocer se conoce en medio de las actuaciones que adelantan las autoridades para establecer la veracidad de las denuncias. La Fiscalía ha buscado escuchar a Ferrer para que explique sus afirmaciones y aporte los elementos que sustentarían su versión.
La exconsejera no compareció a su tercera citación ante el ente acusador, prevista para el 14 de octubre. Su abogado explicó que su clienta se encontraba fuera del país por razones de seguridad y que solicitaba garantías de protección antes de declarar.
Con su carta, Verónica Alcocer pasó de guardar silencio a solicitar formalmente información sobre las actuaciones judiciales y a exponer su versión sobre los viajes a Venezuela.
Ahora corresponde a los investigadores contrastar las declaraciones, revisar los registros de los desplazamientos y determinar si existen elementos probatorios que permitan establecer responsabilidades.
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