El escenario político y de seguridad en Colombia atraviesa un momento de tensión tras las versiones encontradas entre la Casa de Nariño, el Ministerio de Defensa y agencias internacionales sobre la veracidad de un plan para asesinar al candidato presidencial Iván Cepeda.
La controversia se originó luego de que el presidente Gustavo Petro afirmara en sus redes sociales que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos ya disponía de “datos reales y concretos” sobre un posible atentado contra el senador.
Sin embargo, esta versión fue matizada y, en ocasiones, contradicha por el propio ministro de Defensa, Pedro Sánchez. En una primera instancia, el titular de la cartera desmintió al mandatario, señalando que no existían datos sobre dicho plan.
Posteriormente, el ministro confirmó que, tras consultas directas con delegados de la CIA en el país, el organismo estadounidense manifestó no haber entregado información ni alertas relacionadas con riesgos contra la vida de Cepeda.
A pesar de estas negativas iniciales, el ministro Sánchez informó recientemente que un organismo de inteligencia del Estado, independiente del Ministerio de Defensa, suministró la información disponible a las autoridades estadounidenses para su valoración en el marco de la cooperación internacional.
Según el jefe de la cartera, el avance de estas presuntas amenazas fue analizado en una Junta de Inteligencia Conjunta extraordinaria y en el último Consejo de Seguridad presidido por el jefe de Estado.
Por otro lado, desde el legislativo estadounidense han surgido voces que desmienten tajantemente la situación. El senador Bernie Moreno calificó de falsas las versiones del Gobierno colombiano, asegurando que las autoridades de EE. UU. no tienen conocimiento de tal amenaza y que el propio candidato Cepeda ya fue informado al respecto.
Moreno subrayó que la preocupación de las agencias de seguridad se centra actualmente en otros dos candidatos presidenciales, uno de los cuales posee ciudadanía estadounidense.
Ante la confusión y la gravedad de las denuncias, el Gobierno Nacional ha optado por reforzar las medidas de protección. Se ha anunciado una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por información que permita frustrar ataques contra cualquier aspirante presidencial.
Asimismo, el ministro Sánchez ordenó mantener todas las capacidades de inteligencia focalizadas para neutralizar cualquier intento de atentado, enfatizando que “proteger a los candidatos es proteger la democracia”. Hasta la fecha, no se ha presentado evidencia pública que respalde la hipótesis de un plan concreto contra Cepeda.
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