La Contraloría General de la República (CGR) emitió una alerta económica tras detectar que, a diciembre de 2024, del universo de $13,48 billones (787 negocios fiduciarios), se encontró que $4,84 billones (correspondientes a 156 negocios fiduciarios), estarían inmovilizados,
De acuerdo con el estudio de la CGR, esta parálisis administrativa genera un costo fiscal significativo derivado de un doble impacto: la pérdida de eficiencia económica y la pérdida de eficacia social.
En el ámbito económico, el Estado enfrenta un alto costo de oportunidad, dado que los rendimientos de estos fondos en portafolios de baja rentabilidad son muy inferiores al valor público que generarían si se ejecutaran en los tiempos previstos.
La ineficiencia en la gestión de estos recursos impide el cumplimiento de las metas nacionales de inversión pública, afectando directamente el Gasto Público Social (GPS). El organismo advierte que cada peso estancado representa un retraso en obras fundamentales, específicamente en los sectores de infraestructura inmobiliaria, centros de salud, energía y transporte de hidrocarburos.
En cuanto a las entidades públicas, de una muestra de negocios fiduciarios por valor de $390.265 millones, la Contraloría encontró que el Ministerio de Vivienda con $165.255 millones inmovilizados (42,34%) es la entidad que lidera esta situación, seguido por el Ministerio de Comercio con $109.320 millones (28,01%) y el Ministerio de Salud con $67.792 millones (17,37%).
Por su parte, las fiduciarias con mayor administración de recursos inmovilizados son Scotiabank Colpatria ($168.081 millones), Fiduciaria La Previsora ($74.440 millones) y Fiduciaria Popular ($46.979 millones), evidenciando una alta concentración en pocas entidades.
Las causas principales de este fenómeno incluyen deficiencias contractuales, procesos administrativos ineficientes y la falta de una ejecución oportuna, a pesar de que los recursos han estado disponibles en los procesos fiduciarios.
De acuerdo con la Contraloría, los proyectos fiduciarios de mayor envergadura con niveles significativos de inmovilización corresponden a sectores estratégicos del desarrollo nacional, como infraestructura inmobiliaria, la energía, el transporte de hidrocarburos y los servicios sociales, caracterizados por altos niveles de inversión inicial, ejecución a largo plazo y alineación con prioridades de política pública
Ante este escenario de rigidez operativa, la Contraloría ha reafirmado su compromiso con la defensa del patrimonio público y anunció el inicio de actuaciones fiscales correspondientes basadas en estos hallazgos para mejorar la eficiencia del gasto público.
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