El exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti no habló en la reunión con la Fiscalía, a la cual asistió hoy 23 de junio, citado dentro de la investigación que trata de aclarar la presunta financiación ilegal a la campaña presidencial del entonces candidato y hoy presidente, Gustavo Petro Urrego.
Fue, precisamente, Benedetti quien dio origen a la apertura de la investigación al asegurar que en la Costa Caribe le entraron 15.000 millones de pesos a la campaña que no están incluidos en la contabilidad que debe ser presentada al Consejo Nacional Electoral, según normas electorales.
Sin embargo, días después Benedetti trató de reversar lo dicho indicando que lo hizo en un momento de ira a raíz del escándalo en el que se ha visto envuelto, relacionado con la exjefe de gabinete de la Presidencia de la República, Laura Sarabia, y de la exniñera Marelbys Meza, por la supuesta pérdida de un dinero y chuzadas telefónicas.
Y hoy, en reunión con la Fiscalía, Benedetti no habló haciendo uso de su derecho a guardar silencio y sólo dijo que está amenazado, pidiendo que le refuercen su seguridad y la de su familia.
La reunión para una diligencia de declaración juramentada, se cumplió esta mañana con un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia pero, de acuerdo con un boletín de prensa emitido por la Fiscalía, Armando Benedetti se abstuvo de hablar sobre el tema indicando que no lo hacía por amenazas que ha recibido en los últimos días.
El comunicado de la Fiscalía
“En atención a lo fijado en la citación, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia se reunió en la mañana de hoy con el señor Benedetti Villaneda, quien aseguró no poder declarar en el momento por las amenazas que habría recibido durante los últimos días”, señala la Fiscalía.
Agrega que “el exembajador señaló que interpondrá la denuncia por el delito de amenazas tan pronto recopile elementos de prueba suficientes para soportar el tipo de intimidación que ha recibido. De igual manera, solicitó la intervención de la Fiscalía ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Policía Nacional para mejorar las condiciones de seguridad propias y de su círculo familiar”.
Por último, la Fiscalía anuncia que la diligencia será reprogramada, pero sin dar más detalles.
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