Ocho partidos políticos presentaron este jueves una demanda ante el Consejo de Estado solicitando la nulidad inmediata del Decreto 639 de 2025, mediante el cual el presidente Gustavo Petro convoca una consulta popular para que los colombianos se pronuncien sobre su reforma laboral, que ya había sido rechazada por el Senado el pasado 14 de mayo.
En su escrito, los partidos demandantes sostienen que dicha convocatoria viola el principio de separación de poderes, desconoció el concepto obligatorio y previo del Senado (artículo 104 constitucional) y representa una grave ruptura del Estado de Derecho
Solicitan además que el Consejo de Estado imponga una medida cautelar inmediata para suspender los efectos del decreto y evite erogaciones presupuestales millonarias e “irreversibles” y una alteración del orden institucional
La acción legal incluye también el anuncio de futuras denuncias ante la Comisión de Acusación y la Fiscalía, argumentando que la firma del decreto por parte de Petro y los ministros podría configurar el delito de prevaricato
La convocatoria, firmada el 11 de junio, fija como fecha de la consulta el 7 de agosto, día en que Petro cumplirá tres años de mandato. La extemporánea decisión se toma en un contexto de alta tensión política que incluyó el atentado al senador opositor Miguel Uribe Turbay y acusaciones de “autogolpe institucional” por parte de la oposición
El silencio legislativo
El Gobierno defiende el decreto apoyándose en la figura de “silencio legislativo” tras acusar al Senado de “fraude” durante la votación y aducir que esto le facultaría para acudir al mecanismo vía decreto
Frente a ello, juristas, congresistas de oposición e incluso exmandatarios afirmaron que la medida es inconstitucional y un desafío a la legalidad democrática.
El Consejo de Estado ahora tiene la responsabilidad de decidir si otorga la medida cautelar —una decisión con impacto inmediato— y adelanta el proceso de fondo.
El desenlace judicial marcará un hito en esta crisis institucional, en la que se enfrentan la reivindicación de la participación popular sin pasar por el Congreso y el respeto irrestricto al procedimiento legislativo y constitucional.
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