No es solo un recorte, es una señal política del Congreso de EE. UU. hacia Colombia: AmCham Colombia

La Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) expresa su preocupación ante la propuesta del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de reducir en un 50 % la ayuda económica no militar a Colombia para el año fiscal 2026. Esta disminución no responde únicamente a ajustes presupuestales. “Se trata de un mensaje político claro del Congreso estadounidense frente al deterioro de condiciones internas que afectan la relación bilateral”, indica AmCham Colombia.

“Consideramos que lo que está en juego no es solo una reducción de recursos, sino la solidez del respaldo bipartidista que ha sido base de la alianza estratégica entre ambos países por más de dos décadas. Este respaldo ha trascendido gobiernos y partidos, y ha sido esencial para la estabilidad, la seguridad hemisférica y el fortalecimiento institucional de Colombia”, expresó María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia.

Desde esta entidad exhortan respetuosamente al Congreso de Estados Unidos a considerar que estos fondos, más allá de un gobierno de turno, han tenido un impacto positivo y directo en sectores estratégicos de la economía colombiana como el desarrollo rural, la seguridad jurídica local y la estabilidad regional. Preservar esa inversión es clave para los intereses compartidos de largo plazo.

“Hacemos un llamado respetuoso y urgente al Gobierno Nacional para que actúe con responsabilidad institucional. Reafirmar el compromiso con el Estado de derecho, fortalecer la lucha contra el narcotráfico, y moderar los discursos ideológicos hacia su principal aliado estratégico son pasos necesarios para recuperar la confianza”, afirmó Lacouture.

Añade que la reconstrucción del consenso bipartidista en el Congreso de Estados Unidos es posible. Pero exige señales claras, consistentes y respetuosas desde Colombia. “La cooperación no puede asumirse como garantizada. Debe renovarse con hechos”, dijo.

Antecedentes generales del proyecto de ley

El Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes de EE.UU. presentó en julio de 2025 el Proyecto de Ley de Asignaciones para Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados, Año Fiscal 2026. Esta iniciativa, encabezada en el Congreso por el parlamentario Mario Díaz-Balart como presidente del subcomité, propone un recorte global del 22 % en los fondos de asistencia internacional respecto al nivel aprobado para 2025.

Según Díaz-Balart, el objetivo es redirigir la política exterior bajo el principio de “America First” (Estados Unidos primero), concentrando recursos en aliados estratégicos y eliminando gastos considerados. El proyecto busca fortalecer la seguridad nacional de EE.UU. “no mediante gasto ilimitado, sino a través de una estrategia focalizada” – en palabras del presidente del Comité, Tom Cole.

En consonancia con esta visión, la propuesta mantiene apoyo robusto a aliados clave (por ejemplo, asegura al menos $3.300 millones en financiamiento militar para Israel, asistencia sustancial a Egipto y Jordania, y $500 millones en FMF para Taiwán). Al mismo tiempo, endurece la postura frente a adversarios como el régimen de Cuba, Venezuela y otros actores que amenazan intereses de EE.UU., mediante condiciones y prohibiciones específicas en el uso de los fondos.

A continuación, se detallan las medidas más destacadas, diferenciando el tratamiento de la asistencia económica versus la asistencia militar en el caso de Colombia, así como las nuevas restricciones relativas a Cuba.

Ayuda a Colombia

El proyecto de ley introduce recortes drásticos a la ayuda económica no-militar para Colombia, al tiempo que preserva en gran medida la asistencia de seguridad y antinarcóticos destinada a las fuerzas militares y policiales colombianas. En concreto, el Comité propone reducir en un 50 % los fondos de asistencia no militar para Colombia con respecto al nivel del año fiscal 2025. Esta reducción forma parte de las preocupaciones del Congreso sobre el rumbo del gobierno colombiano actual.

No obstante, se enfatizó que la cooperación en defensa y lucha antidrogas no será debilitada: “la ayuda a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para combatir el narcotráfico se mantendrá al 100 %”, aclaró Díaz-Balart. De hecho, el Comité manifestó aprecio por la relación estrecha con las Fuerzas Militares y Policía de Colombia, dejando intactos los apoyos en esas áreas.

Hay que mencionar que en términos técnicos las dos fuentes de ayuda están separadas en el presupuesto estadounidense, porque se canalizan por cuentas distintas del Departamento de Estado y están sujetas a objetivos, criterios y reglas de ejecución diferentes.

Sin embargo, en los análisis agregados del Congreso y de medios oficiales (como el CRS o el propio Committee Report) se suele presentar la ayuda total a Colombia como la suma de todas las cuentas asignadas, lo que incluye:

• Económica (no militar):
  • DA (Development Assistance)
  • ESF (Economic Support Fund)
  • INCLE (International Narcotics Control and Law Enforcement)– aunque esta tiene componente de seguridad, se considera civil no militar
  • NSIP (National Security Investment Programs)– nueva categoría FY2026
• Militar:
  • FMF (Foreign Military Financing)

La cifra total de US$ 410 millones en FY2025 y US$ 209 millones en FY2026 incluye todos los fondos destinados a Colombia, tanto económicos como militares, aunque en la contabilidad interna y en la ejecución se mantengan separados.

Como muestra la tabla, la mayor contracción recae sobre los fondos de desarrollo económico y programas sociales, que pasarían de aproximadamente $180 millones a $67 millones. En cambio, la asistencia para seguridad y antinarcóticos permanece relativamente elevada: se contemplan $103 millones para operaciones de lucha contra las drogas (categoría INCLE) – una cifra menor que años recientes (que oscilaban entre $140 y $170 millones), pero que preserva el apoyo a las fuerzas del orden colombianas.

Asimismo, la ayuda militar (FMF) hacia las Fuerzas Armadas colombianas se mantiene prácticamente sin recortes en $38,5 millones. Esto refleja la intención declarada de sostener la colaboración en defensa pese a reducir otras ayudas.

En resumen, la Cámara de Representantes decidió mantener el apoyo pleno a las instituciones colombianas consideradas “positivas” o alineadas con objetivos compartidos (Fuerzas Militares, Policía Nacional y lucha antinarcóticos), mientras castiga con recortes la cooperación en áreas económicas o gubernamentales bajo la administración actual, percibida como desviada de los intereses mutuos. Díaz-Balart subrayó que “la relación con Colombia sigue siendo fundamental, pero debemos enfocar los fondos en los sectores positivos… incluyendo Policía y seguridad”, marcando un mensaje claro de apoyo a la colaboración en seguridad, a la par que se ejerce presión económica sobre el gobierno de Petro.

Mecanismos de canalización de recursos y condicionalidades

El proyecto de ley específica cómo se canalizarán los recursos aprobados para Colombia y otras partidas, introduciendo además nuevas condiciones obligatorias para su desembolso:

• La ayuda económica remanente para Colombia se asignará a través de la cuenta denominada “National Security Investment Programs” (NSIP) del Departamento de Estado. Esta cuenta unificada (de $67 millones para Colombia) abarca programas de desarrollo económico, buena gobernanza y aspectos civiles. Se enfatiza que dichos recursos deben emplearse de manera consistente con las prioridades de seguridad nacional de EE.UU. y ya no financiarán programas considerados ajenos (se eliminan, por ejemplo, proyectos de cambio climático, enfoque de género o DEI – diversidad, equidad, inclusión – que la mayoría actual califica de “gasto irrelevante”).
• La asistencia policial y antinarcóticos (USD $103 millones) se canalizará mediante el fondo de International Narcotics Control and Law Enforcement (INCLE) del Departamento de Estado. Un 30 % de estos fondos quedará “congelado” o retenido hasta que el secretario de Estado certifique al Congreso que Colombia está cumpliendo tres metas concretas en los 12 meses previos: (1) Reducción mesurable de los cultivos y producción de cocaína, (2) Colaboración sostenida con EE.UU. en operaciones antinarcóticos conjuntas, y (3) Cooperación plena en extradiciones de narcotraficantes hacia EE.UU.                                  Esta cláusula de “liberación gradual” busca garantizar resultados en la lucha antidrogas antes de entregar el total de la ayuda. Adicionalmente, el proyecto prohíbe destinar fondos a ciertos programas en Colombia que el Congreso considera contrarios a sus políticas: por ejemplo, queda vetado financiar pagos de reparación a excombatientes, subsidios agrarios cuestionables, o proyectos de desarrollo económico en tierras donde operen cultivos ilícitos.                                                                                                                                               Incluso se apartan hasta $1 millón para que la Oficina del Inspector General audite el cumplimiento de estas restricciones en Colombia. Estos candados reflejan la línea dura del legislativo para evitar que la asistencia de EE.UU. beneficie directa o indirectamente a iniciativas del gobierno colombiano con las que no está de acuerdo (por ejemplo, partes del acuerdo de paz de 2016 que involucren pagos a exguerrilleros, o programas en zonas de narcocultivo activo).

• La asistencia militar (USD $38,5 millones en FMF) continuará entregándose en forma de financiamiento militar extranjero para equipamiento, entrenamiento y fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas colombianas. Estos fondos son administrados por el Departamento de Estado (en coordinación con el Departamento de Defensa) bajo el programa Foreign Military Financing. El proyecto 2026 no impone recortes a la asignación de FMF para Colombia, lo que implica que EE.UU. mantiene intacto el apoyo militar para operaciones de defensa y lucha contra organizaciones terroristas o narcotraficantes. Cabe destacar que, a nivel global, la ley refuerza esta prioridad destinando, por ejemplo, fondos mínimos obligatorios de FMF para aliados como Israel y estableciendo programas de préstamos para fortalecer la disuasión en Taiwán. En el caso de Colombia, el estatus de aliado clave en seguridad conlleva la continuidad de la ayuda castrense sin dilución, aun cuando otras áreas sí se ajusten a la baja.

*Con información de AmCham Colombia.