El Juez 14 de control de garantías de Barranquilla, Jorge Alberto Ortiz, se abstuvo de imponer una medida de aseguramiento contra el exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro Burgos.
La determinación se dio en la tarde del viernes 19 de diciembre, en el marco de una investigación por presuntos hechos de corrupción cometidos durante su ejercicio como diputado.
A pesar de que la Fiscalía General de la Nación solicitó una medida de aseguramiento (inicialmente mencionada como domiciliaria e intramural en diferentes apartes de los procesos), el togado consideró que no existen argumentos suficientes para privar de la libertad al hijo mayor del presidente Gustavo Petro.
El juez Ortiz fundamentó su decisión en los siguientes puntos clave: Ausencia de riesgos procesales. El despacho aseguró que no hay evidencia de que Nicolás Petro tenga la intención de obstruir a la justicia o que represente un peligro de fuga.
Se destacó que, a pesar de llevar tres años enfrentando líos judiciales y ser el hijo del Jefe de Estado, Petro Burgos no ha salido del país, lo que desvirtúa la necesidad de una medida restrictiva para garantizar su comparecencia.
Aunque el juez consideró que sí existe una inferencia razonable de autoría en los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos, determinó que no sucede lo mismo con los cargos de tráfico de influencia de particular, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
El caso “Fucoso” y el desvío de recursos
Este proceso penal, conocido como el caso Fucoso, se centra en presuntas irregularidades contractuales con la Fundación Conciencia Social y la Gobernación del Atlántico.
Según la tesis de la Fiscalía, Nicolás Petro, junto a su expareja Daysuris Vásquez, se habrían apropiado de recursos públicos destinados a la atención de personas de la tercera edad.
El ente acusador sostiene que de un contrato de 400 millones de pesos destinado a capacitaciones y atención de ancianos en los municipios del departamento, solo se utilizaron 200 millones para el objeto contractual.
Los restantes 200 millones habrían sido desviados hacia Petro Burgos, Vásquez y el representante legal de la fundación, Gustavo De la Ossa. Otras fuentes dentro del proceso sugieren que la apropiación específica bajo investigación podría ascender a los 111 millones de pesos.
Un panorama judicial complejo
Es importante señalar que este proceso por corrupción contractual avanza de forma paralela a otra investigación en la que Nicolás Petro enfrenta cargos por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, relacionados con la campaña presidencial de su padre.
Además, la Fiscalía le atribuye haber falsificado documentos para su declaración de renta ante la DIAN.
Tras conocerse el fallo que le permite seguir el proceso en libertad, tanto la fiscal Lucy Marcela Laborde como el abogado defensor Alejandro Carranza procedieron a apelar la decisión del juez.
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