La Fiscalía General de la Nación solicitó este martes imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad, es decir, enviar a la cárcel, a Nicolás Fernando Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro.
La solicitud fue elevada por la fiscal Lucy Laborde durante una audiencia llevada a cabo en el Juzgado 14 Penal Municipal de Barranquilla. El ente acusador busca la reclusión del exdiputado del departamento del Atlántico por presuntos actos de corrupción relacionados con contratos y la apropiación de fondos públicos.
Los presuntos delitos se centran en un entramado de corrupción vinculado con contratos destinados a la atención de adultos mayores en el Atlántico. Las irregularidades se habrían gestionado a través de la Fundación Conciencia Social, una entidad que manejó contratos con la Gobernación del Atlántico.
La Fiscalía argumenta que Petro Burgos, mientras se desempeñó como diputado de la Asamblea del Atlántico entre 2020 y 2023, influyó activamente para obtener, conocer y dirigir contratos en los cuales tenía interés. Estos contratos se realizaron a través de una ONG.
Específicamente, se le acusa de la apropiación de 111 millones de pesos (cerca de 29.000 dólares). La fiscal Laborde enfatizó que Petro Burgos “tenía la capacidad de comprender su ilicitud” y que conocía y entendía que estaba mostrando interés en dichos contratos.
Necesidad de la medida restrictiva
Adicionalmente, la fiscal mencionó que existen inconsistencias que refuerzan la necesidad de la medida restrictiva, como las detectadas en la hoja de vida del exdiputado y en su declaración de renta.
En este proceso, la Fiscalía le imputó cinco delitos, que incluyen peculado por apropiación, tráfico de influencias de particular, falsedad en documento público, falsedad en documento privado e interés indebido en la celebración de contratos.
Este proceso avanza de forma simultánea con otra causa penal que el exdiputado enfrenta por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Dicho proceso paralelo se relaciona con presuntos ingresos recibidos para la campaña presidencial de 2022. Tras su detención en julio de 2023, Petro Burgos reconoció, según la Fiscalía, haber recibido dinero de personas controversiales, incluyendo al exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra y a Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del empresario Alfonso ‘Turco’ Hilsaca.
La Fiscalía sostiene que el hijo del presidente ocultó sumas que alcanzaban hasta los 500 millones de pesos (unos 119.000 dólares). Este dinero fue presuntamente entregado por políticos como Máximo Noriega, señalado como intermediario entre los donantes y Petro.
Si bien parte de ese dinero habría entrado supuestamente a la campaña electoral de Gustavo Petro, su hijo aseguró posteriormente que el mandatario no tenía conocimiento de ello.
Ahora, corresponde al juez decidir si accede o no a la petición de la Fiscalía de imponer la medida de aseguramiento
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