Gobierno no les paga a generadoras y las debilita,  ¿Se viene apagón?

Diferentes medidas adoptadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro han debilitado el sector de generación de energía del país, especialmente a las termoeléctricas.

No se trata aún de un debilitamiento operativo, por cuanto siguen estando disponibles para garantizarle a Colombia en general un suministro permanente y confiable de energía, sino de una flaqueza de carácter financiero.

Tal hecho está relacionado con las elevadas deudas que mantiene Air-e con las compañías dedicadas a la generación, que en el caso de las termoeléctricas se acercan a 1.2 billones de pesos.

Incluyendo las hidráulicas y transmisoras ese monto ya supera $1.6 billones, compromiso que sigue aumentando dada la crisis de la mencionada distribuidora y comercializadora de energía.

Un primer golpe del Gobierno Nacional a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios  a estas empresas, fue haberles quitado la alternativa de limitarle el suministro a Air-e mientras se ponía al día, lo cual se dio a través de una controvertida circular que sigue vigente.

Quiere decir que la energía que le venden en la Bolsa a la señalada distribuidora intervenida por el Gobierno Nacional, no se la pueden suspender y por lo tanto están obligadas a entregarla a pesar que no les pagan. Por ello la deuda sigue creciendo.

Es bueno recordar que para operar estas plantas, que han evitado apagones en el país durante las últimas tres décadas en cuatro fenómenos de El Niño, necesitan combustible, llámese gas natural, carbón o líquido como el fuel oil, que demandan gigantescas inversiones.

En el caso de las térmicas del Caribe, mensualmente requieren de 150 millones de dólares para la compra de combustibles y tienen que acudir a créditos para garantizar su financiación.

Los bancos, ante la creciente crisis de Air-e y la incertidumbre del pago de sus deudas ya no quieren prestarles a los generadores, lo cual hace más sombrío el panorama para la prestación del servicio en al menos el 35% del Caribe colombiano que en cualquier momento comenzaría a padecer de racionamientos eléctricos.

Las controvertidas disposiciones

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció en días pasados que como el problema de Air-e no es solo regional sino con repercusiones nacionales, serían los usuarios de todo el país, excluyendo los de estratos 1 y 2, quienes harían un aporte de $8 por kilovatio con destino al pago de las deudas de Air-e, medida que había sido vista con buenos ojos por los agentes del mercado; sin embargo, no se concretó.

Ahora, mediante decreto expedido por el Gobierno al amparo de la Emergencia Económica, se establece que las empresas generadoras tienen que pagar un 2.5% de sus utilidades de 2025 antes de impuestos como aporte parafiscal destinado al Fondo Empresarial de la Superservicios, para que este a su vez salde una parte de los compromisos de la distribuidora.

Igualmente, las empresas de generación hidráulica con despacho centralizado deberán entregar en especie el 12% de la energía efectivamente vendida en bolsa. Como contraprestación, los aportantes recibirán un descuento tributario del 50% sobre el valor de la energía entregada en su declaración de renta.

Es una medida expropiatoria

Esto ha generado un fuerte rechazo de los gremios del sector. Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, ANDEG, dijo que el Decreto 044 de 2026, no solo es inconveniente, sino que raya en lo expropiatorio y pone en grave peligro la estabilidad financiera y la sostenibilidad del sector eléctrico colombiano.

“Esto es un autopago; por eso decimos que es expropiatorio”, afirmó Castañeda. “Yo le vendí un servicio a la empresa Air-e en cabeza del Gobierno, y ahora el Gobierno me cobra un impuesto directo a las generadoras para pagarme esa deuda”, explicó.

La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, Acolgen, expresó que esta medida altera de manera intempestiva e injustificada el marco jurídico vigente, indicando que la modificación abrupta de las reglas de juego genera dudas sobre la toma de decisiones futuras en el sector, lo que impacta directamente en la confianza de los inversionistas.

“Este clima de incertidumbre amenaza procesos críticos como la subasta del cargo por confiabilidad y el desarrollo de proyectos de energías renovables derivados de las convocatorias de contratación de largo plazo del Ministerio de Minas y Energía, poniendo así en riesgo la transición energética de Colombia”, subrayó Natalia Gutiérrez, presidenta del gremio y del Consejo Gremial Nacional.

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