ANDEG califica de expropiatorio el nuevo impuesto para salvar Air-e, advierte grave riesgo financiero del sector eléctrico

Por SANTOS SUÁREZ BADILLO, Director de El Norte

Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, ANDEG, arremetió contra el Decreto 044 de 2026, dado a conocer hoy 22 de enero por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Minas y Energía.

Según el dirigente gremial, esta normativa no solo es inconveniente, sino que raya en lo expropiatorio y pone en grave peligro la estabilidad financiera y la sostenibilidad del sector eléctrico colombiano.

El eje de la controversia es la creación de una contribución parafiscal equivalente al 2.5% de las utilidades antes de impuestos de las empresas generadoras.

Estos recursos, cuyo recaudo se estima en cerca de $300 mil millones, tienen como destino el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos para honrar las deudas que la empresa intervenida, Air-e, mantiene con el sector.

Castañeda fue enfático al señalar la ironía y el perjuicio financiero que supone esta medida. Actualmente, las deudas de Air-e sólo con los generadores térmicos  ascienden a 1.1 billones, y con todo el sistema eléctrico, llegan a $2.5 billones.

“Esto es un autopago; por eso decimos que es expropiatorio“, afirmó Castañeda. “Yo le vendí un servicio a la empresa Air-e en cabeza del Gobierno, y ahora el Gobierno me cobra un impuesto directo a las generadoras para pagarme esa deuda”, explicó.

La injusta carga de asumir deudas ajenas

Para ANDEG, este mecanismo traslada de manera injusta a los generadores la carga de asumir deudas ajenas, lo que deteriora la confianza institucional y desincentiva la inversión necesaria para garantizar la confiabilidad del sistema.

Además del impuesto a las utilidades, el decreto establece una contraprestación transitoria para los generadores hidráulicos, quienes deberán entregar un porcentaje de la energía vendida en bolsa a cambio de descuentos en futuros impuestos de renta.

Castañeda advirtió que este mecanismo de trueque distorsiona el funcionamiento del mercado de energía, el cual históricamente se ha basado en contratos formales y reglas claras a través del operador del mercado.

Desde el punto de vista de ANDEG, estas medidas no ofrecen una solución estructural a la crisis energética en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, sino que introducen vicios de ilegalidad y aumentan el riesgo sistémico, comprometiendo incluso la continuidad del servicio de energía en el país.

Llamado a la Corte Constitucional

Ante lo que consideran una medida confiscatoria, el gremio ha solicitado una actuación pronta de la Corte Constitucional para que evalúe la legalidad de los decretos expedidos bajo la emergencia económica.

Alejandro Castañeda reiteró la necesidad de aplicar medidas cautelares que frenen la aplicación del Decreto 044, argumentando que el Gobierno nacional lo expidió sin que existieran hechos sobrevinientes que justificaran tal declaración de emergencia.

La situación deja al sector eléctrico en un estado de incertidumbre, con una confrontación directa entre el Gobierno y las empresas generadoras que, según ANDEG, podría socavar la suficiencia financiera de un esquema que ha garantizado el suministro eléctrico durante décadas.

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