En un fuerte pronunciamiento emitido hoy, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, Acolgen, expresó su profunda preocupación por las recientes decisiones del Gobierno Nacional, las cuales, según el gremio, alteran de manera intempestiva e injustificada el marco jurídico vigente.
La controversia se centra en el Decreto Legislativo 0044 de 2026, expedido bajo el Estado de Emergencia Económica y Social, una medida que Acolgen señala como un factor de incertidumbre que podría frenar el desarrollo energético del país.
De acuerdo con el comunicado de Acolgen, la modificación abrupta de las reglas de juego genera dudas sobre la toma de decisiones futuras en el sector, lo que impacta directamente en la confianza de los inversionistas.
Este clima de incertidumbre amenaza procesos críticos como la subasta del cargo por confiabilidad y el desarrollo de proyectos de energías renovables derivados de las convocatorias de contratación de largo plazo del Ministerio de Minas y Energía, poniendo así en riesgo la transición energética de Colombia.
Un golpe a la confianza y la financiación
El gremio recordó que, durante las últimas tres décadas, las empresas generadoras han invertido más de 140 billones de pesos para asegurar la confiabilidad del servicio.
No obstante, el desafío continúa, ya que el país requiere inversiones anuales de entre 10 y 13 billones de pesos para garantizar el suministro futuro.
Acolgen advierte que estas nuevas disposiciones gubernamentales acarrean consecuencias graves como por ejemplo que dificultan la obtención de financiación para nuevos proyectos.
Igualmente, desincentivan la inversión privada en un momento crítico, vulneran tratados internacionales y podrían interpretarse como una forma de expropiación.
Alerta por posible escasez de energía
El gremio remarcó en que la estabilidad del sistema eléctrico se encuentra en un punto sensible, señalando que según datos de XM, Colombia enfrenta un riesgo real de escasez de energía firme que podría alcanzar el -3,5% en el año 2027.
Sostiene que, si no se construyen nuevas plantas debido a la falta de garantías, el sistema se debilitará, aumentando el riesgo de fallas en el suministro que afectarían tanto a los hogares como a la competitividad empresarial.
Cuestionamientos a la excepcionalidad de la medida
Uno de los puntos más críticos del pronunciamiento es la validación de la emergencia. Acolgen señala que la situación de la Costa Caribe no es un hecho súbito ni imprevisible, algo que el propio decreto reconoce. Por ello, la asociación cuestiona la necesidad, excepcionalidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas.
Finalmente, hizo un llamado respetuoso al Gobierno Nacional para que reconsidere estas decisiones y busque soluciones a través de los mecanismos institucionales ordinarios. El gremio enfatiza que el camino debe ser el diálogo técnico, la planeación y la definición de reglas claras que garanticen la seguridad jurídica necesaria para el sector.
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