El presidente Abelardo de la Espriella anunció este martes 29 de septiembre la designación de la magistrada Cristina Lombana como nueva secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República, en un movimiento con el que el Gobierno busca reforzar su estrategia institucional contra la corrupción y el uso indebido de los recursos públicos.
Lombana, quien actualmente se desempeña como magistrada de la Corte Suprema de Justicia, asumirá oficialmente sus nuevas funciones el próximo 8 de octubre, una vez concluya su periodo en el alto tribunal. La designación fue anunciada por el propio mandatario a través de su cuenta en X.
“He designado a la magistrada Cristina Lombana como nueva Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República. Asumirá sus funciones una vez concluya, el próximo 8 de octubre, su periodo en la Corte Suprema de Justicia”, informó De la Espriella.
La llegada de Lombana a la Casa de Nariño tiene además una tarea específica desde el comienzo. De acuerdo con el anuncio presidencial, la nueva funcionaria tendrá la responsabilidad de estructurar y articular un denominado bloque de búsqueda contra la corrupción, con participación de las diferentes instituciones del Estado.
“Con la magistrada Lombana vamos a estructurar y articular un bloque de búsqueda contra la corrupción, con toda la capacidad institucional del Estado para perseguir a quienes hayan saqueado o pretendan saquear los recursos públicos”, señaló el presidente.
El mandatario agregó que en su administración quienes se apropien de recursos públicos no tendrán “escondite, privilegios ni impunidad” y afirmó que los dineros del Estado deben ser protegidos.
¿Quién es Cristina Lombana?
Cristina Lombana llega a la Secretaría de Transparencia después de una trayectoria como magistrada de la Corte Suprema de Justicia, donde ha participado en procesos de alto impacto relacionados con funcionarios y dirigentes políticos.
Uno de los episodios más conocidos de su trayectoria judicial está relacionado con el exministro del Interior Armando Benedetti. Lombana estuvo vinculada a decisiones dentro de investigaciones que involucraron al exfuncionario, entre ellas un allanamiento a una vivienda en Puerto Colombia.
La magistrada también ha tenido actuaciones dentro de procesos relacionados con presuntos hechos de corrupción y tráfico de influencias, lo que ahora hace parte de los antecedentes con los que llega a una dependencia cuya función central es coordinar la política de transparencia y lucha contra la corrupción del Gobierno Nacional.
El bloque anticorrupción que busca impulsar el Gobierno
La designación de Lombana se produce después de que el gobierno de De la Espriella anunciara la creación de un bloque anticorrupción destinado a detectar y perseguir posibles redes dedicadas a apropiarse de recursos públicos.
Según información publicada previamente sobre esta estrategia, el grupo será coordinado desde la Presidencia y buscará articular capacidades de diferentes organismos del Estado, incluyendo entidades de control y de investigación.
La Secretaría de Transparencia tendrá, en ese esquema, un papel de coordinación y asesoría al jefe de Estado en materia de prevención y lucha contra la corrupción.
La llegada de una magistrada de la Corte Suprema a esa posición también convierte a Lombana en una de las figuras clave para la ejecución de esa política durante el Gobierno de De la Espriella.
Lombana asumirá el 8 de octubre
Aunque la designación ya fue anunciada, Cristina Lombana todavía no asumirá inmediatamente la Secretaría de Transparencia. Su llegada al Ejecutivo está prevista para el 8 de octubre, fecha en la que terminará su periodo como magistrada de la Corte Suprema.
Con este nombramiento, el Gobierno comienza a definir quiénes estarán al frente de una de las áreas que el presidente ha señalado como estratégicas: la vigilancia de los recursos públicos y la lucha contra posibles hechos de corrupción.
La instrucción inicial para Lombana ya está sobre la mesa: articular la capacidad institucional del Estado para perseguir a quienes hayan saqueado o pretendan saquear los recursos públicos.
El anuncio ocurre además en un momento en que la administración nacional ha insistido en el esclarecimiento de hechos de corrupción ocurridos durante el gobierno anterior y en la necesidad de que quienes estén involucrados colaboren con la justicia.
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