La Región Administrativa y de Planificación del Caribe (RAP Caribe), en representación de las gobernaciones de Atlántico, Bolívar y Sucre, manifiesta su preocupación ante el recorte presupuestal decretado para el megaproyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique.
Ante este escenario, las autoridades regionales instan al Gobierno Nacional a respetar los compromisos financieros y técnicos que aseguren la ejecución integral de esta obra estratégica.
Con una inversión valorada en $3,1 billones, el Canal del Dique es el proyecto ambiental e infraestructura más ambicioso del país. Su importancia radica no solo en el desarrollo económico, sino en su capacidad para prevenir desastres humanos y ambientales como el ocurrido en 2010, que dejó más de 100 mil damnificados.
La RAP Caribe y los gobiernos departamentales advierten que la decisión unilateral del Ministerio de Hacienda de recortar $637.000 millones —lo que representa el 83,6 % de la vigencia futura para 2025— pone en peligro años de gestión técnica y social.
Este recorte compromete un proceso que ya cuenta con más de 250 mesas de socialización con comunidades, 16 consultas previas concluidas con éxito y años de rigurosa planeación técnica y financiera.
Beneficios en riesgo
La parálisis o desfinanciación de este proyecto afectaría directamente a más de 1,5 millones de habitantes en 19 municipios del Caribe. Cabe recordar que los objetivos fundamentales que hoy están bajo amenaza incluyen restauración ambiental pues se recuperarán ecosistemas degradados y cuerpos de agua naturales. También gestión del riesgo, dado que se contempla la mitigación de inundaciones y control hídrico durante sequías. Y conectividad pues el proyecto aportará al fortalecimiento del sistema fluvial y portuario de la región.
Otro de los objetivos es el cumplimiento de las metas de adaptación y resiliencia climática del Estado colombiano.
Un llamado a la concertación
La Contraloría General de la República ha reiterado que detener esta obra generaría riesgos ambientales, sociales y fiscales irreparables. Por ello, la RAP Caribe y las Gobernaciones hacen un llamado urgente al Gobierno Nacional para activar espacios de concertación con la concesión, las comunidades y los órganos de control.
Añaden que es imperativo salvaguardar la seguridad hídrica y social de la región. El Canal del Dique no es solo una obra de infraestructura; es la garantía de vida y desarrollo para el Caribe colombiano.
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