Estos son los nuevos impuestos para atender emergencia por inundaciones

En una acción para enfrentar las secuelas de la emergencia climática que ha golpeado con severidad a departamentos como Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, el Gobierno Nacional promulgó en desarrollo de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, el Decreto 0240 del 12 de marzo de 2026. Esta normativa adopta medidas tributarias extraordinarias destinadas a cubrir el déficit presupuestal necesario para la recuperación de las zonas afectadas.

La medida surge tras la declaratoria de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica mediante el Decreto 150 de 2026, motivada por múltiples eventos hidrometeorológicos que superaron los escenarios previsibles y desbordaron la capacidad de respuesta ordinaria del Estado. Según los considerandos del nuevo decreto, los recursos actuales del Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres son insuficientes, sumado a la no aprobación previa de leyes de financiamiento que dejaron un vacío de $16,3 billones en el Presupuesto General de la Nación para 2026.

Principales pilares del choque fiscal

El nuevo paquete de medidas se centra en tres ejes fundamentales diseñados para fortalecer el recaudo de manera inmediata sin afectar a la ciudadanía en general:

Impuesto al Consumo en Juegos de Suerte y Azar por Internet: Se crea un gravamen del 16% sobre los depósitos realizados por apostadores a operadores digitales. La base gravable estará constituida por los ingresos brutos del juego (GGR), y se justifica en la elevada capacidad contributiva y el crecimiento sostenido de este sector, que hasta ahora gozaba de un tratamiento preferencial frente a los establecimientos físicos.

Impuesto de Normalización Tributaria: Para el año 2026, se establece un impuesto con una tarifa del 19% aplicable a activos omitidos o pasivos inexistentes al 1 de abril de este año. Esta medida busca ampliar la base gravable real y generar ingresos extraordinarios a corto plazo para mitigar los efectos de la crisis.

Ajustes al Impuesto al Patrimonio: El decreto modifica el impuesto creado previamente por el Decreto Legislativo 173 de 2026 para incluir como sujetos pasivos a los establecimientos permanentes y sucursales de sociedades extranjeras con un patrimonio líquido superior a 200.000 UVT. El Gobierno argumenta que la exclusión inicial de estas entidades vulneraba el principio de equidad tributaria, dado que estas sucursales compiten en el mercado nacional con una capacidad contributiva equivalente a la de las sociedades nacionales.

Alivios y mecanismos de conciliación

Como medida de choque adicional, la Dian ha sido autorizada para ofrecer una reducción transitoria de sanciones e intereses moratorios. Los contribuyentes con obligaciones pendientes al 31 de diciembre de 2025 podrán acceder a una tasa de interés moratoria reducida del 4,5% y una rebaja del 85% en las sanciones, siempre que realicen el pago total antes del 30 de abril de 2026.

Asimismo, se faculta a la administración tributaria para realizar conciliaciones en procesos contencioso-administrativos, permitiendo a los demandantes reducir significativamente sus cargas si pagan el 100% del impuesto discutido.

Destinación específica y vigencia

El Ejecutivo enfatizó que los recursos obtenidos mediante estas medidas se destinarán exclusivamente a conjurar las causas de la emergencia e impedir la extensión de sus efectos en las poblaciones vulnerables. De acuerdo con la Constitución Política, estos tributos extraordinarios dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso les otorgue carácter permanente.

Con estas disposiciones, el Gobierno busca una “justa distribución de las cargas públicas” basada en el principio de solidaridad, exigiendo un mayor esfuerzo a sectores con alta capacidad económica para garantizar los derechos fundamentales de quienes han perdido todo por la crisis climática.