La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) anunció que ha decidido demandar el decreto de aranceles recientemente expedido por el Gobierno Nacional sobre insumos fundamentales como el hierro y el acero.
Según Guillermo Herrera, presidente del gremio, “la medida no cuenta con un soporte técnico que brinde claridad o tranquilidad sobre las decisiones tomadas”, dejando serias dudas sobre su legalidad y los propósitos de protección al mercado nacional.
La preocupación del sector radica en el impacto directo que estos aranceles —que en el caso del hierro y el acero podrían enfrentar incrementos de hasta el 35%— tendrán sobre el costo final de la vivienda. Herrera advirtió que estos gravámenes se suman a las presiones ya existentes por el aumento del salario mínimo, lo que resultará en un incremento total de los costos de producción de entre el 16% y el 20%.
“¿Cómo espera el Gobierno que bajen los precios de la vivienda si al mismo tiempo encarece su producción?”, cuestionó Herrera, señalando que esta decisión provocará un alza de aproximadamente el 2,2% en el precio final de los inmuebles, afectando principalmente a los hogares de menores ingresos que buscan acceder a una Vivienda de Interés Social (VIS).
Asimetría en la protección del empleo
El argumento jurídico de Camacol también resalta una inconsistencia en la política económica y social del Ejecutivo. El gremio señala que, si bien la medida comercial busca proteger cerca de 50,000 empleos en la industria siderúrgica, ignora que la actividad edificadora ocupa a más de un millón de trabajadores y ya ha perdido más de 136,000 puestos de trabajo en medio de una crisis que suma 33 meses consecutivos de caída en las iniciaciones.
Falta de evidencia técnica
Desde una perspectiva técnica, el gremio sostiene que no existe evidencia de prácticas irregulares o dumping en los precios del acero importado que justifiquen una intervención de este tipo. Por el contrario, Herrera enfatizó que “las dinámicas de precios responden a condiciones internacionales de oferta y demanda”.
Finalmente, Camacol advirtió que la reducción de la oferta de vivienda nueva no solo limita el acceso a un techo digno, sino que está trasladando la presión inflacionaria al mercado de arriendos, agravando el déficit habitacional del país. Ante este panorama, el gremio reitera su llamado al Gobierno Nacional para revisar la medida y buscar soluciones coordinadas que no comprometan la reactivación económica ni el empleo masivo que genera la construcción.

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