El Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga Franco, solicitó la suspensión del proceso de licitación pública LP-2026-003 adelantado por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA).
La petición se fundamenta en la necesidad de aclarar serios cuestionamientos sobre un posible direccionamiento del contrato, cuyo valor supera los $2.000 millones de pesos.
El principal punto de discordia gira en torno a la empresa JK’ FILMS S.A.S., una de las aspirantes en el proceso cuya audiencia de adjudicación está programada para el próximo 7 de abril.
Según las indagaciones de la Secretaría de Transparencia, esta empresa ya habría sido beneficiada con dos contratos directos durante la vigencia 2025, obviando el proceso de licitación pública.
Idárraga ha exigido a la CRA la documentación técnica que acredite la idoneidad, trayectoria y capacidad financiera de dicha firma para haber sido seleccionada en esas contrataciones previas, sugiriendo una posible evasión de los mecanismos competitivos de selección.
Requisitos técnicos bajo sospecha
Resultan alarmantes las observaciones técnicas señaladas por la Presidencia. Entre las posibles irregularidades en los pliegos de condiciones se encuentran.
Una de ellas es la Omisión de indicadores financieros: Se cuestiona por qué la CRA no estableció el Capital de Trabajo como requisito habilitante, un indicador vital para asegurar que el contratista tenga flujo de caja, especialmente en un proceso donde no se estipuló el pago de un anticipo.
Perfiles profesionales restrictivos: La licitación exige un perfil de “Comunicador Social y Medios Digitales” con cuatro años de experiencia tras la titulación. El secretario Idárraga advirtió que este título específico parece ser exclusivo de la Corporación Universitaria de la Costa (CUC), lo que limitaría drásticamente la pluralidad de oferentes y podría interpretarse como un requisito “a la medida”.
Respuesta de la autoridad ambiental
Por su parte, la CRA informó a través de sus canales oficiales que procederá a radicar la solicitud del secretario para darle trámite legal, aunque aclaró que hasta el momento del pronunciamiento público no habían recibido la comunicación por vías formales.
La entidad defendió la legalidad de sus procesos, recordando que toda la información contractual es pública y puede ser consultada en la plataforma Secop II.
El proceso licitatorio, que tiene como objeto la prestación de servicios de apoyo para la organización y ejecución de actividades misionales y administrativas de la corporación, se encuentra actualmente en etapa de evaluación y observaciones.
Se espera que en las próximas horas se defina si la CRA acatará la petición de suspensión o si procederá con la audiencia de adjudicación en la fecha prevista.
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