En un fallo de gran importancia para el sector energético, la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto Legislativo 44 del 21 de enero de 2026.
Esta norma, expedida bajo el marco de la primera emergencia económica del Gobierno, buscaba imponer gravámenes y aportes obligatorios a las empresas generadoras de energía para, supuestamente, garantizar la prestación del servicio durante la crisis.
La idea era implementar medidas extraordinarias para evitar una crisis estructural en el sistema eléctrico del Caribe y blindar la seguridad energética nacional.
El decreto establecía un tributo especial diseñado para que las compañías generadoras de energía respaldaran financieramente a las distribuidoras en la región Caribe, las cuales enfrentan graves problemas de liquidez.
La decisión, contenida en la Sentencia C-115 de 2026 con ponencia del magistrado Vladimir Fernández Andrade, se fundamenta en el concepto de “consecuencia”.
Según el alto tribunal, la caída del decreto era inevitable tras la declaratoria previa de inexequibilidad del Decreto 1390 de 2025 —que sustentaba legalmente la emergencia— mediante la Sentencia C-075 de 2026.
Las medidas que afectaban a generadoras
El decreto ahora anulado establecía dos medidas impositivas principales que impactaban directamente las finanzas de las compañías de servicios públicos de generación eléctrica.
Una de ellas era la contribución parafiscal del 2,5%: Se aplicaba sobre la utilidad antes de impuestos de la vigencia 2025.
Aporte en especie del 12%: Obligaba a las empresas a entregar el 12% de la energía vendida en la bolsa del Mercado de Energía Mayorista para ser redistribuida entre empresas intervenidas.
Efectos retroactivos y compensaciones
La Corte determinó que su decisión tendrá efectos retroactivos, lo que representa un alivio financiero para los agentes del mercado.
En cuanto al recaudo monetario del 2,5%, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) cuenta con un plazo máximo de seis meses para devolver o compensar estos dineros a las empresas afectadas.
Respecto a la energía que ya fue entregada bajo el esquema del 12%, el tribunal estableció un mecanismo de compensación tributaria. Las compañías podrán aplicar un descuento equivalente al 100% del valor de la energía entregada en su impuesto de renta.
Si dicho monto supera los límites legales, el excedente podrá ser imputado en periodos gravables siguientes. Para este proceso, el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) será el encargado de certificar la cantidad y el valor de la energía aportada.
Un fallo unánime
La votación final fue de 8-0 a favor de tumbar la medida. El magistrado Héctor Alfonso Carvajal Londoño aclaró su voto, mientras que Jorge Enrique Ibáñez Najar no participó debido a un impedimento fundado.
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