Por emergencia económica generadoras pagarán $330 mil millones, subirían tarifas de energía

El presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, ANDEG, Alejandro Castañeda, manifestó su preocupación ante el impacto financiero que representan los nuevos impuestos establecidos en el decreto de emergencia económica, emitido por el Gobierno Nacional para atender las afectaciones por el invierno en diversas regiones del país.

Según el dirigente gremial, las empresas de generación hidráulica y térmica ubicadas en las zonas de emergencia enfrentarán cargas tributarias adicionales que ascienden a 330.000 millones de pesos, lo cual podría traducirse en un incremento de las tarifas para los usuarios finales.

Castañeda detalló que el decreto introduce dos gravámenes específicos que afectan directamente la estructura de costos de las generadoras. El primero es un impuesto al patrimonio del 0,5% para el año 2025, cuyo recaudo estimado en el sector de generación eléctrica es de 260.000 millones de pesos.

El segundo componente es un incremento en las transferencias ambientales (relacionadas con la Ley 99). Bajo este nuevo esquema, los agentes hidráulicos pasarán de pagar un 4% a un 6%, mientras que los térmicos subirán del 6% al 8%.

Este aumento de dos puntos porcentuales en la contribución al Sistema Nacional Ambiental representará un costo adicional de aproximadamente 70.000 millones de pesos, focalizado en empresas con operaciones en cuencas de departamentos como Antioquia, Córdoba, Bolívar, Magdalena y La Guajira. 

Riesgo en las tarifas e inversión

La principal alerta de ANDEG radica en que estos tributos incrementan los costos operativos de las plantas. “Estamos hablando de tributos del orden de unos 330.000 millones de pesos que, al final del día, son mayores costos que obviamente pueden llegar a ser trasladados a los usuarios y van a ser castigados con posiblemente mayores efectos desde el punto de vista tarifario en el país”, advirtió Castañeda.

Además del impacto en el bolsillo de los colombianos, el líder gremial señaló que el impuesto al patrimonio envía una señal negativa para la inversión, en un momento donde la formación bruta de capital en Colombia es la más baja de los últimos 50 años.

“Con este impuesto al patrimonio, lo que estamos diciendo a las empresas es: no invierta, no ponga su plata en nuestro país”, afirmó, subrayando que esto generará problemas de abastecimiento energético a mediano y largo plazo.

Cuestionamientos a la proporcionalidad

Aunque ANDEG reconoce la existencia de una emergencia climática, especialmente crítica en departamentos como Córdoba, Castañeda cuestionó la necesidad de estos nuevos impuestos.

El dirigente recordó que la Contraloría General de la Nación ha señalado que el sistema nacional de gestión de desastres cuenta con cerca de 2,6 billones de pesos no ejecutados de presupuestos anteriores. Asimismo, mencionó que los gobernadores han propuesto el uso de regalías para enfrentar la crisis.

Ante este panorama, Alejandro Castañeda enfatizó que la Corte Constitucional deberá analizar rigurosamente la proporcionalidad de estas medidas frente a la disponibilidad de recursos existentes, con el fin de evitar una sobrecarga tributaria a un sector que ya enfrenta retos significativos de competitividad.

Noticia relacionada: https://elnorte.com.co/generadoras-aportaran-2-de-sus-ventas-para-enfrentar-emergencia-climatica/