En la noche de este martes, 24 de febrero, un juez de control de garantías de Barranquilla dispuso la libertad del concejal Alexis Castillo, integrante del Partido Conservador, luego de que este se presentara voluntariamente ante la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación.
El cabildante era requerido por una orden de captura vigente emitida tras su inasistencia a una audiencia programada en noviembre pasado, diligencia en la cual debía realizarse el traslado del escrito de acusación.
Según el ente acusador, esta ausencia fue interpretada como una falta de voluntad para comparecer y una posible obstrucción al proceso judicial, lo que derivó en la solicitud de captura que finalmente fue legalizada por el juez de control de garantías tras su entrega.
Alexis Castillo es investigado por el presunto delito de violencia intrafamiliar agravada. El caso tiene su origen en las denuncias interpuestas por su expareja sentimental, Silvia Aragón Molina, quien sostiene haber sido víctima de agresiones físicas, psicológicas, emocionales y económicas desde el año 2023.
Dentro del acervo probatorio que maneja la justicia, se incluyen fotografías que evidencian marcas visibles en la piel de la denunciante, presuntamente causadas por los ataques del político.
Por su parte, el concejal Castillo ha manifestado públicamente que el proceso es resultado de un “conflicto personal” y no de una conducta delictiva. Tras recobrar su libertad, el cabildante explicó que el objetivo de su presentación ante las autoridades era cumplir con el trámite procesal pendiente.
“No me trajeron a un juicio. Me trajeron para que se hiciera el traslado de escrito de acusación y como no había llegado, me requirieron. No me fueron a capturar, ni tampoco me iban a encarcelar”, afirmó Castillo.
Próximas etapas
A pesar de haber quedado en libertad en esta instancia, la situación jurídica del concejal Castillo sigue su curso.
En las próximas horas se espera que se adelanten las audiencias de formulación de imputación y de solicitud de medida de aseguramiento.
En esta etapa, el juez deberá evaluar los elementos materiales probatorios para definir si el procesado enfrentará el juicio en libertad o si se le impondrá algún tipo de medida restrictiva para garantizar su comparecencia y la protección de la víctima.
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