La Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) emitió una alerta urgente sobre los riesgos que enfrenta el abastecimiento de gas natural en Colombia debido a un proceso judicial que adelanta la empresa Canacol Energy en el exterior.
El gremio ha solicitado formalmente la intervención de las autoridades nacionales para salvaguardar la seguridad energética y la estabilidad jurídica del sector.
La controversia se centra en una solicitud de Canacol Energy ante una corte en Alberta, Canadá, para la terminación anticipada de sus contratos de transporte y suministro de gas. Aunque la audiencia estaba prevista para el 7 de mayo, fue reprogramada para el próximo 15 de mayo, luego de que la compañía pidiera tiempo adicional para buscar modificaciones de mutuo acuerdo con sus clientes.
Actualmente, Canacol es un actor clave que abastece a siete departamentos de la Costa Caribe y municipios de Norte de Santander, cubriendo la demanda de hogares, industrias, comercios y una planta térmica en Córdoba.
Naturgas advierte que, aunque la empresa tiene contratos en firme por 110 millones de pies cúbicos diarios (MPCD), su producción real ha caído a 75 MPCD en abril, lo que representa el 7,5% de la demanda nacional.
Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, enfatizó que “no existe gas más costoso que aquel que deja de estar disponible” y subrayó que la situación técnica de la empresa no justifica una terminación unilateral de los contratos.
“Existen caminos distintos a la terminación de contratos. Hay mecanismos empresariales, acuerdos entre las partes e incluso interés de inversionistas que permitirían mantener la operación y proteger el abastecimiento de gas sin sacrificar la prestación del servicio y la confianza del sistema”, expresó Murgas.
El gremio afirma que una eventual interrupción del suministro obligaría a los sectores productivos a migrar hacia combustibles más costosos y contaminantes, como el diésel o el carbón. Esto generaría una presión inflacionaria en bienes esenciales como alimentos, bebidas, papel y cerámica, afectando directamente la competitividad del país.
Llamado a la soberanía jurídica
El punto más crítico de la denuncia radica en la defensa de la seguridad jurídica nacional. Murgas afirmó que permitir que decisiones de tribunales extranjeros suspendan obligaciones contractuales en Colombia vulnera principios de orden público y desconoce que el gas natural es un servicio esencial para 36 millones de colombianos.
Ante este panorama, Naturgas ha pedido al Estado colombiano que, de ser necesario, aplique las facultades de la Ley 1116 de 2006 (Régimen de Insolvencia Empresarial Transfronteriza). Específicamente, solicitan invocar la “excepción de orden público” para evitar que medidas internacionales comprometan la continuidad de los servicios públicos y la estabilidad del sistema energético nacional.
“Es imperativo proteger la estabilidad de las reglas de juego y el respeto a los contratos”, concluyó la presidenta de Naturgas, reiterando la disposición de “trabajar de manera articulada con las autoridades y los actores del sector para proteger la infraestructura energética nacional, preservar la seguridad jurídica y garantizar la confiabilidad y continuidad del abastecimiento de gas natural para más de 36 millones de colombianos”.
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