CCI exige al Gobierno $500.000 millones para saldar deudas del Invías

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) emitió este jueves un llamado urgente al Gobierno Nacional, con especial énfasis en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El gremio solicita la garantía y liberación inmediata de $500.000 millones de pesos destinados a cubrir obligaciones pendientes del Instituto Nacional de Vías (Invías).

Estos recursos están destinados a saldar cuentas por contratos de construcción, interventoría y consultoría de obras que ya han sido ejecutadas durante la vigencia del año 2026.

De acuerdo con la CCI, el retraso en estos desembolsos ha generado un efecto dominó que compromete seriamente la estabilidad financiera de numerosas empresas del sector, las cuales enfrentan hoy dificultades críticas en su liquidez y flujo de caja.

El gremio advierte que la prolongación de esta falta de pago pone en jaque la continuidad de 55 proyectos viales estratégicos situados en regiones que dependen de estas obras para cerrar brechas de conectividad.

Entre los corredores que podrían sufrir una parálisis se encuentran la variante San Francisco-Mocoa (entre Nariño y Putumayo), la troncal del Catatumbo, la Conexión Alta Guajira, a vía Neiva-San Vicente del Caguán-Florencia y el corredor San José del Guaviare-Calamar.

Impacto en el empleo y la confianza

María Consuelo Araújo Castro, presidenta ejecutiva de la Cámara, subrayó que las empresas ya han cumplido con sus compromisos contractuales y ahora requieren que el Estado haga lo propio para proteger el empleo y los beneficios que estas obras generan para las comunidades.

“La infraestructura necesita reglas claras y confianza institucional. Las empresas del sector cumplieron con las obras, las interventorías y las consultorías contratadas por el Estado, y por ello es fundamental que se aseguren, cuanto antes, los $500.000 millones requeridos”, afirmó Araújo Castro.

Añadió. “Resolver esta situación permitirá garantizar la continuidad de proyectos estratégicos, proteger los beneficios que la infraestructura genera a las comunidades, preservar el empleo y mantener la confianza necesaria para que las empresas sigan aportando al desarrollo y la competitividad del país“..