El Ministerio del Trabajo y la Superintendencia del Subsidio Familiar anunciaron que remitirán a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República un paquete de soportes documentales sobre presuntas irregularidades administrativas y financieras detectadas en la intervenida Caja de Compensación Familiar del Atlántico.
La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, dio a conocer los hallazgos derivados del proceso de revisión a la entidad, los cuales comprometen actuaciones de la administración anterior.
Entre las anomalías que deberán ser investigadas por las autoridades judiciales y de control figuran cambios en la estructura organizacional y la creación de cargos durante los últimos días de la gestión previa, al igual que contratos de larga duración que excederían el horizonte inicial fijado para la intervención.
De igual manera, las inspecciones revelaron posibles incompatibilidades, eventuales vínculos contractuales y modificaciones con impactos de cuantía millonaria.
Frente a la gravedad de los hechos, la ministra Natalia López Fuentes enfatizó el compromiso del Gobierno nacional con la transparencia del sistema: “Aquí no vamos a mirar para otro lado. Cada peso de las cajas de compensación pertenece al sistema y debe cumplir su finalidad social en beneficio de los trabajadores y sus familias”.
Asimismo, la alta funcionaria confirmó la entrega del material probatorio a los organismos correspondientes:
“Tenemos soportes documentales y los entregaremos a las autoridades competentes para que investiguen y establezcan las responsabilidades a que haya lugar. En la Patria Milagro, las cajas son para servir a la gente, no para favorecer intereses particulares”.
Objetivos de la acción legal
- La activación de estas acciones de carácter legal e institucional persigue los siguientes objetivos centrales:
- Proteger los recursos del subsidio familiar destinados al bienestar de los trabajadores y sus núcleos familiares.
- Esclarecer las responsabilidades administrativas, disciplinarias y penales a las que haya lugar por las decisiones tomadas en la gestión previa.
- Garantizar la finalidad social de la caja de compensación mediante el fortalecimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control.
- Promover la transparencia institucional asegurando que los recursos no se desvíen hacia intereses particulares.

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