El plan del Gobierno nacional para retomar la aspersión aérea de cultivos ilícitos sufrió un revés judicial luego de que un juez de Putumayo ordenara suspender temporalmente el piloto que contempla el uso de glufosinato de amonio para combatir los cultivos de coca.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Tercero Promiscuo de Puerto Asís, que admitió una acción de tutela presentada por la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación Social y, como medida provisional, ordenó frenar la ejecución del programa mientras estudia los argumentos planteados por la organización.
La determinación representa un nuevo obstáculo para la estrategia antidrogas impulsada por el presidente Abelardo de la Espriella, quien había promovido el regreso de las fumigaciones aéreas como una de las herramientas para enfrentar el crecimiento de los cultivos ilícitos en el país.
El Gobierno había autorizado un plan piloto experimental, controlado, limitado, temporal y evaluable, cuyo propósito era determinar si el glufosinato de amonio podía ser utilizado mediante aspersión aérea para erradicar cultivos de coca y, dependiendo de los resultados, evaluar posteriormente la posibilidad de implementar un programa de mayor alcance.
Un piloto de hasta 1.000 hectáreas
De acuerdo con la resolución que dio vía libre al experimento, la prueba contemplaba intervenir hasta 1.000 hectáreas y tendría una duración operacional máxima de siete días.
La operación estaría a cargo de aeronaves tripuladas de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, mientras que las coordenadas y rutas exactas permanecerían bajo reserva por razones de seguridad.
El plan establecía además restricciones para proteger zonas ambientalmente sensibles y poblaciones vulnerables. No se permitiría la aspersión en parques naturales, áreas protegidas, páramos, humedales, cuerpos de agua, centros poblados, escuelas o centros de salud. También se excluían resguardos indígenas y territorios de comunidades afrodescendientes que no contaran con consulta previa.
La sustancia seleccionada tampoco es el glifosato. El Gobierno optó por glufosinato de amonio 200 SL, un herbicida que cuenta con autorización de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para actividades de erradicación terrestre y que sería sometido a evaluación mediante aplicación aérea.
El compuesto está clasificado por la Organización Mundial de la Salud dentro de la categoría II, correspondiente a sustancias moderadamente peligrosas.
Debate por los riesgos ambientales y sanitarios
Precisamente, los posibles efectos sobre la salud, el ambiente y las fuentes de agua hacen parte del debate que vuelve a abrirse con la decisión judicial.
La resolución contemplaba que la operación debía detenerse ante cualquier circunstancia que pudiera incrementar el riesgo de dispersión del producto, como lluvias, inversión térmica, pérdida de trazabilidad, fallas durante la operación o cualquier otro factor que aumentara la deriva del herbicida.
La suspensión judicial impide, por ahora, que el Gobierno avance con la ejecución del piloto en Putumayo mientras continúa el trámite de la tutela.
La medida, sin embargo, no constituye una prohibición definitiva de la aspersión aérea con glufosinato. El juez deberá estudiar de fondo los argumentos presentados por la organización accionante y determinar si mantiene, modifica o levanta la medida provisional.
El caso vuelve a poner en el centro de la discusión nacional las condiciones ambientales, sanitarias y jurídicas necesarias para utilizar la fumigación aérea como mecanismo de erradicación de cultivos ilícitos, después de varios años en los que esta herramienta estuvo principalmente asociada al uso del glifosato.
Para el Gobierno, el piloto buscaba obtener evidencia técnica antes de decidir si la aspersión con glufosinato podía convertirse en una herramienta de alcance nacional. Ahora, esa decisión queda temporalmente en pausa por cuenta de la actuación de la justicia.
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