El presidente Abelardo de la Espriella confirmó oficialmente este viernes que su Gobierno dio por terminados todos los procesos de diálogo y espacios sociojurídicos que fueron implementados durante la administración del expresidente Gustavo Petro, poniendo así punto final a la política de ‘Paz Total’.
El anuncio fue realizado por el mandatario a través de sus redes sociales, después de que el Gobierno avanzara durante las últimas semanas en la expedición de los actos administrativos necesarios para desmontar las mesas de negociación y los espacios de conversación con diferentes organizaciones armadas.
“Se acabó la falsa paz. En apenas un mes de gobierno cumplimos nuestra palabra: dimos por terminados todos los procesos de diálogo y espacios sociojurídicos heredados del gobierno anterior con estructuras criminales y terroristas”, señaló De la Espriella.
Con esta decisión, la administración actual cierra los últimos escenarios de negociación que permanecían vigentes de la política diseñada por Petro, entre ellos procesos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), diferentes estructuras disidentes de las antiguas FARC, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y organizaciones criminales que operan en varias ciudades del país.
También fueron clausurados espacios sociojurídicos que se habían establecido con estructuras armadas de Medellín y el Valle de Aburrá, así como procesos relacionados con organizaciones de Buenaventura y Quibdó. El Gobierno igualmente avanzó en el cierre de la Zona de Ubicación Temporal instalada en Valle del Guamuez, Putumayo.
“Los criminales no tendrán estatus político”
El presidente De la Espriella aseguró que durante su administración los grupos armados y organizaciones criminales no tendrán un tratamiento político derivado de su participación en mesas de negociación.
“En mi gobierno los criminales no tendrán estatus político, contemplaciones ni impunidad. La paz verdadera se construye con seguridad, autoridad y justicia, no arrodillando al Estado ante los criminales”, afirmó.
La nueva postura representa un cambio frente a la estrategia de negociación impulsada durante el gobierno de Gustavo Petro, que buscó establecer conversaciones simultáneas con diferentes organizaciones armadas y estructuras criminales bajo el concepto de ‘Paz Total’.
Desde el comienzo de su administración, De la Espriella había cuestionado esos procesos y había advertido que no permitiría que las mesas fueran utilizadas para prolongar actividades criminales o evitar la acción de la justicia.
De hecho, en decisiones adoptadas previamente, el Gobierno había ordenado poner fin a varios procesos y retirar reconocimientos a voceros y negociadores vinculados a esas estructuras. La Presidencia sostuvo que quienes quieran abandonar las armas deberán someterse a la justicia y que las organizaciones que continúen ejerciendo violencia serán enfrentadas por la Fuerza Pública.
Más de $125.000 millones en procesos de paz
Uno de los argumentos utilizados para cuestionar la política de ‘Paz Total’ está relacionado con los recursos destinados durante el gobierno anterior.
Según información citada por medios nacionales, los procesos de negociación adelantados durante la administración Petro tuvieron un costo superior a $125.174 millones, de los cuales más de $107.572 millones estuvieron relacionados con negociaciones con grupos armados ilegales y otros $17.601 millones con acercamientos a estructuras criminales urbanas.
La administración De la Espriella ha cuestionado que estos recursos hayan sido destinados a procesos que, desde su perspectiva, no produjeron resultados suficientes en materia de desmovilización, desarme y reducción de la violencia.
El Gobierno también ha ordenado avanzar en las capturas y extradiciones pendientes de integrantes de organizaciones criminales, bajo la premisa de que quienes no quieran someterse a la justicia deberán enfrentar la acción de las autoridades.
Cambio de estrategia frente a los grupos armados
El cierre definitivo de la ‘Paz Total’ marca uno de los mayores cambios de política entre el gobierno de Gustavo Petro y la administración de Abelardo de la Espriella.
Mientras el anterior Gobierno convirtió el diálogo con grupos armados en uno de sus principales instrumentos para buscar una reducción de la violencia, el actual mandatario plantea una estrategia basada en seguridad, autoridad estatal, justicia y sometimiento a la ley.
La decisión también se produce en medio de un debate nacional sobre el futuro de los procesos de paz y sobre la manera en que el Estado debe enfrentar a las organizaciones armadas que continúan operando en diferentes regiones del país.
El expresidente Juan Manuel Santos, por su parte, pidió recientemente a De la Espriella mantener y profundizar la implementación del Acuerdo de Paz firmado con las FARC en 2016, diferenciándolo de las negociaciones que posteriormente se desarrollaron con otros grupos armados durante el gobierno Petro.
De esta manera, el Gobierno de De la Espriella busca marcar distancia definitiva de la política de ‘Paz Total’ y concentrar su estrategia frente a los grupos armados en el sometimiento a la justicia y el fortalecimiento de la autoridad del Estado.
Noticia relacionada: https://elnorte.com.co/de-la-espriella-extradicion-cinco-cabecillas-fin-paz-total/
Más historias
Afinia fortalece operación para acompañar a Cartagena durante Fiestas de Independencia
Cartagena y San Andrés, destinos nacionales preferidos por viajeros para fin de año
Barranquilla tiene lista su red de atención en salud para final de Copa Sudamericana de Fútbol