Los excomandantes de las AUC aseguraron que solo reconocen el documento leído y firmado al finalizar las reuniones de octubre de 2025. Insistieron en que su proceso no debe ser utilizado con fines políticos.
Los excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se pronunciaron este miércoles 21 de octubre sobre la controversia que rodea el denominado ‘Pacto de Valledupar’ y rechazaron cualquier intento de instrumentalizar políticamente su proceso de justicia transicional.
Además, delimitaron el alcance de los acuerdos que reconocen y desmintieron que en ellos se hubiera incluido algún compromiso relacionado con las denuncias que han surgido contra el expresidente Gustavo Petro.
“Rechazamos cualquier intento de instrumentalizar políticamente este proceso”, señalaron los antiguos jefes paramilitares en un pronunciamiento divulgado en medio de la polémica por las reuniones que sostuvieron con representantes del Gobierno Petro en octubre de 2025, en Valledupar.
En su declaración, los excomandantes enfatizaron que el único documento que reconocen como resultado de esos encuentros es el que fue leído y firmado oficialmente al término de las reuniones. Con esta precisión, buscaron establecer una diferencia entre los compromisos formalmente consignados y las versiones que han surgido posteriormente sobre los propósitos de las conversaciones.
El pronunciamiento se conoce después de las revelaciones sobre las presuntas solicitudes que habrían recibido los exjefes paramilitares para entregar declaraciones contra dirigentes políticos de oposición, entre ellos el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el entonces candidato presidencial Abelardo De la Espriella y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, fallecido.
Las versiones sobre esas supuestas peticiones han generado cuestionamientos sobre la finalidad de los encuentros y el posible uso político de un proceso relacionado con la verdad, la reparación de las víctimas y el cierre de compromisos pendientes de la desmovilización paramilitar.
¿Qué pasó en las reuniones de Valledupar?
Los encuentros se realizaron en octubre de 2025 y tenían como propósito oficial abordar asuntos pendientes del proceso de desmovilización de las AUC y del Acuerdo de Santa Fe de Ralito, así como avanzar en compromisos relacionados con la justicia transicional y las víctimas del conflicto armado.
Sin embargo, la controversia tomó fuerza tras las declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), y del abogado Juan Carlos Villamizar, asesor jurídico de Salvatore Mancuso y testigo de las reuniones.
Según Villamizar, durante los encuentros se habría solicitado a los excomandantes que hicieran públicas las informaciones que tuvieran sobre Uribe, De la Espriella y Vargas Lleras. De acuerdo con su versión, los antiguos jefes paramilitares rechazaron la petición y no aceptaron participar en una iniciativa de esa naturaleza.
El Gobierno de Petro, por su parte, ha defendido que las reuniones estaban relacionadas con asuntos de paz y compromisos pendientes del proceso con las antiguas autodefensas. El expresidente también ha negado haber ordenado actuaciones con fines políticos.
Investigaciones por el denominado pacto
La polémica ya llegó a los organismos de control y a la justicia. La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Armando Benedetti y Angie Rodríguez para establecer si existieron actuaciones irregulares en los encuentros y si se intentó utilizar a los exparamilitares para afectar a dirigentes políticos.
A esto se suma la denuncia presentada por el abogado Alejandro Carranza, representante de Gustavo Petro, contra Angie Rodríguez y Salvatore Mancuso, con el propósito de que se esclarezcan las afirmaciones relacionadas con la supuesta participación del entonces mandatario en los hechos.
En este escenario, el pronunciamiento de los excomandantes busca evitar que sus declaraciones y el proceso de justicia transicional sean utilizados como instrumentos de confrontación partidista.
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