La controversia por el denominado ‘Pacto de Valledupar’ sumó un nuevo capítulo judicial este miércoles 21 de octubre, luego de que Alejandro Carranza, abogado del expresidente Gustavo Petro, presentara una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), y Salvatore Mancuso, exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La acción judicial busca esclarecer las afirmaciones sobre una supuesta solicitud para que antiguos comandantes paramilitares hicieran declaraciones públicas contra dirigentes políticos de oposición, entre ellos el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el actual presidente Abelardo de la Espriella.
Según Carranza, Petro nunca ordenó a Rodríguez gestionar testimonios o declaraciones que comprometieran a sus opositores con estructuras paramilitares. El abogado rechazó que el entonces mandatario hubiera promovido un supuesto entramado para conseguir señalamientos contra esas figuras políticas.
La defensa pretende que Mancuso explique quién habría formulado la petición y qué funcionarios del Gobierno habrían participado en las conversaciones. También busca que las autoridades establezcan las circunstancias en las que se desarrollaron los encuentros y determinen si hubo actuaciones irregulares.
“Jamás el presidente Petro le dio la orden de ir a buscar un entrampamiento o de buscar que se generara un falso testimonio”, sostuvo Carranza, al referirse a las declaraciones de la exdirectora del Dapre, según reportó Infobae.
¿Qué hay detrás del ‘Pacto de Valledupar’?
La controversia se originó en unas reuniones realizadas entre el 22 y el 24 de octubre de 2025 en Valledupar, Cesar, en las que participaron funcionarios del entonces Gobierno de Petro y antiguos comandantes de las AUC.
El encuentro se enmarcaba oficialmente en asuntos relacionados con el proceso de desmovilización paramilitar y el cumplimiento de compromisos de Justicia y Paz. Sin embargo, las declaraciones posteriores de Rodríguez y Mancuso desataron cuestionamientos sobre el verdadero propósito de las conversaciones.
De acuerdo con las versiones divulgadas por ambos, durante las reuniones se habría planteado que los excomandantes paramilitares hicieran declaraciones contra Uribe, el entonces candidato presidencial Abelardo de la Espriella y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.
Mancuso aseguró que los antiguos jefes paramilitares no aceptaron esa propuesta. Rodríguez, por su parte, atribuyó al entonces presidente Petro y a otros integrantes de su Gobierno la intención de promover esas declaraciones.
El expresidente ha rechazado los señalamientos y ha insistido en que no impartió órdenes para presionar testimonios contra sus adversarios políticos. Su defensa sostiene que las afirmaciones deben ser respaldadas con pruebas y que corresponde a las autoridades verificar lo ocurrido.
La defensa pide revisar actas y grabaciones
Además de solicitar que Mancuso entregue su versión de los hechos, Carranza planteó la posibilidad de ampliar la denuncia para que sean escuchados otros integrantes del despacho presidencial y se revisen actas, grabaciones y documentos relacionados con las reuniones.
Entre las personas que podrían ser llamadas a declarar mencionó al exministro del Interior Armando Benedetti, con el propósito de establecer qué actividades se desarrollaron durante los encuentros y cuáles habrían sido las instrucciones impartidas a los funcionarios involucrados.
La intención, según el abogado, es que la investigación permita precisar quién habría solicitado las declaraciones cuestionadas y si existieron instrucciones oficiales para comprometer a dirigentes políticos mediante testimonios de antiguos integrantes de las AUC.
Investigaciones en curso por el caso
El caso también ha tenido repercusiones en otros frentes judiciales. La Fiscalía remitió a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes una denuncia relacionada con la presunta participación de Petro en el denominado pacto, debido a su fuero constitucional como expresidente.
Asimismo, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra Angie Rodríguez y Armando Benedetti para establecer si incurrieron en irregularidades relacionadas con estos hechos. La apertura de esa actuación no constituye una declaración de responsabilidad.
Con la denuncia presentada por Carranza, la defensa de Petro busca que se examinen los señalamientos formulados por Rodríguez y Mancuso y se establezca si tienen sustento probatorio.
Por ahora, las versiones sobre el supuesto ‘Pacto de Valledupar’ continúan en el terreno de las afirmaciones que deben ser contrastadas por las autoridades. La determinación de eventuales responsabilidades dependerá de las pruebas recaudadas y de las conclusiones de las investigaciones correspondientes.
Noticia relacionada: https://elnorte.com.co/petro-responde-a-senalamientos-de-mancuso-de-pedir-acusaciones-contra-opositores/

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