“O nos salvamos o nos jodemos”: Gobierno defiende la reforma tributaria

El vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, defendieron la reforma tributaria presentada por el gobierno de Abelardo de la Espriella, a la que calificaron como una ley de rescate económico y social para corregir el déficit fiscal, recuperar la inversión y garantizar la financiación de las obligaciones del Estado.

Los dos funcionarios insistieron en que el proyecto debe avanzar en el Congreso y aprobarse antes de finalizar 2026. Según advirtieron, si no se adoptan medidas de ajuste fiscal, Colombia podría enfrentar dificultades para financiar el Presupuesto General de la Nación de 2027, pagar la nómina estatal y mantener el funcionamiento de las instituciones públicas.

La defensa de la iniciativa se produce en medio de las críticas a la propuesta tributaria y de las preocupaciones por sus posibles efectos sobre los hogares y la actividad económica. Frente a ese escenario, Restrepo y Gómez sostienen que el país necesita tomar decisiones fiscales difíciles para evitar un deterioro mayor de sus finanzas públicas.

Restrepo: “O nos salvamos o nos jodemos”

El vicepresidente José Manuel Restrepo aseguró que la iniciativa tiene cuatro objetivos centrales: aliviar la situación de los hogares vulnerables, recuperar el crecimiento económico, atender los problemas del sistema de salud y reducir el despilfarro de los recursos públicos.

Uno de los argumentos que expuso es la necesidad de corregir lo que considera una injusticia con 36,5 millones de colombianos vulnerables que, según explicó, pagan un IVA que debería serles devuelto mediante los mecanismos correspondientes.

También cuestionó el desempeño económico del gobierno anterior y afirmó que Colombia apenas creció un 1,6 % durante ese periodo, por lo que defendió la necesidad de recuperar la inversión y generar condiciones para impulsar la actividad productiva.

En materia de salud, Restrepo sostuvo que el Gobierno encontró dificultades de acceso a medicamentos y problemas en los pagos al personal médico. Según su planteamiento, la ley busca contribuir al rescate del sistema y atender las obligaciones pendientes.

Sin embargo, el vicepresidente enfatizó que el ajuste no recaerá exclusivamente sobre los contribuyentes. De acuerdo con sus declaraciones, el 70 % de las medidas de ajuste provendría de la reducción del derroche, la burocracia y la corrupción estatal, mientras que el componente tributario se concentraría en el 10 % de la población con mayores recursos.

Restrepo reconoció que la propuesta implica un costo político para la administración, especialmente porque durante la campaña se había planteado que no habría nuevos impuestos. No obstante, argumentó que el Gobierno encontró una situación fiscal más compleja de la esperada y que debe asumir la responsabilidad de garantizar los recursos para atender las obligaciones públicas.

“Estamos actuando con responsabilidad e invitamos a los colombianos y al Congreso a acompañarnos en esta difícil, pero importante tarea de rescate del país”, sostuvo.

El vicepresidente fue más allá al advertir sobre las consecuencias de no aprobar el proyecto antes del cierre del año. En su opinión, Colombia podría entrar en default —una situación de incumplimiento de sus obligaciones financieras— durante 2027, con dificultades para pagar salarios públicos y financiar programas estatales.

“O nos salvamos o nos jodemos. Aquí no hay más alternativas”, afirmó Restrepo al insistir en la gravedad del panorama fiscal que, según el Gobierno, enfrenta el país.

Minhacienda pide consenso y no descarta trámite de urgencia

Por su parte, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, defendió la necesidad de que la reforma sea discutida mediante el procedimiento legislativo ordinario, al considerar que se trata de una decisión histórica que requiere deliberación democrática y un consenso nacional sobre la gravedad de las finanzas públicas.

El funcionario señaló que el Gobierno busca que el Congreso debata el proyecto con el tiempo suficiente para analizar sus alcances. Sin embargo, advirtió que, si los plazos se estrechan, el Ejecutivo podría recurrir al mensaje de urgencia para acelerar su discusión.

Gómez insistió en que la aprobación debe producirse antes de terminar el año, pues, de lo contrario, el país podría tener serias dificultades para financiar el presupuesto de 2027.

El ministro incluso comparó los riesgos de una eventual falta de financiación con la crisis económica que vivió Venezuela, caracterizada por la devaluación, la inflación, el desempleo y la migración masiva.

Aunque aclaró que espera que Colombia no llegue a ese escenario, sostuvo que el proyecto representa una oportunidad para corregir el rumbo económico y evitar que las restricciones presupuestales comprometan el funcionamiento del Estado.

La advertencia del ministro busca poner el foco en las consecuencias que tendría la falta de recursos para cubrir los compromisos públicos, desde el pago de los funcionarios hasta la financiación de los programas gubernamentales.

Reforma busca recuperar la confianza de los mercados internacionales

Otro de los argumentos centrales de la defensa del proyecto está relacionado con la percepción de los inversionistas extranjeros y las conversaciones que el Gobierno ha sostenido con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Gómez explicó que, durante los contactos recientes con el organismo multilateral, la sostenibilidad de las finanzas públicas colombianas ha sido una de las principales preocupaciones de la comunidad financiera internacional.

En ese contexto, consideró que la aprobación de un plan de ajuste fiscal contribuiría a demostrar que el país tiene capacidad para corregir sus desequilibrios y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones.

Restrepo, a su vez, aseguró que existe interés de los inversionistas internacionales en Colombia y atribuyó esa confianza a las expectativas que genera la administración de Abelardo de la Espriella. Sin embargo, advirtió que mantenerla dependerá de que el país consiga equilibrar sus cuentas públicas y recuperar el crecimiento económico.

Para el vicepresidente, ambos objetivos están estrechamente relacionados: sin un ajuste fiscal será difícil impulsar el crecimiento y, sin una economía que crezca, resultará más complejo sanear las finanzas del Estado.

La discusión de la reforma tributaria se perfila así como uno de los principales desafíos económicos y políticos del Gobierno para lo que resta de 2026. La administración busca convencer al Congreso de que el costo de adoptar medidas fiscales es menor que el de aplazar las decisiones y enfrentar mayores restricciones financieras el próximo año.

No obstante, la aprobación dependerá del debate legislativo y de la capacidad del Ejecutivo para lograr acuerdos sobre el alcance del ajuste, la contribución que deberán realizar los sectores de mayores ingresos y las medidas de reducción del gasto público.