La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) presentó ante el Consejo de Estado una solicitud de coadyuvancia dentro del proceso de demanda de nulidad contra la Resolución CRA 1040 del 30 de julio de 2026.
Esta normativa, expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, establece el nuevo marco tarifario del servicio público de aseo para municipios y distritos con más de 5.000 suscriptores.
Con este recurso legal, el gremio reiteró su llamado para que se declare la suspensión provisional o la revocatoria directa de la medida antes del 1 de enero de 2027, fecha en la que está prevista su entrada en aplicación.
Entre los principales argumentos expuestos por Andesco para objetar el marco tarifario se destacan serias deficiencias en el trámite procedimental y en las metodologías de cálculo:
Omisión en la participación ciudadana: El texto definitivo de la resolución incluyó más del 50% de disposiciones nuevas respecto al proyecto borrador que se sometió a consulta inicial, por lo que dichos cambios no fueron conocidos ni debatidos previamente por los actores del sector.
Desfase con la realidad operativa: La metodología regulatoria contempla parámetros técnicos que no se ajustan a la operación diaria. Como ejemplo, Andesco señaló que la norma asume un rendimiento de 57,42 kilómetros diarios para barredoras sobre chasis —frente a una referencia real cercana a los 32 kilómetros— y recorta la tasa de mantenimiento de estos equipos del 21,14% al 10%.
Riesgo en la calidad del servicio: El gremio advirtió que aplicar tarifas que no remuneren los costos reales pondrá en riesgo la suficiencia financiera de las empresas prestadoras (públicas, privadas y mixtas), amenazando la continuidad y calidad del servicio para más de 36 millones de usuarios en el país.
Propuesta de mesa de diálogo y defensa de los recicladores de oficio
El presidente ejecutivo de Andesco, Camilo Sánchez, aclaró que acudir a las instancias judiciales no sustituye la disposición al diálogo. Por ello, el gremio propone conformar de manera inmediata una mesa de diálogo técnico y participativo en la que intervengan el Gobierno nacional, la CRA, las autoridades municipales, las empresas prestadoras, los usuarios y las organizaciones de recicladores.
En ese marco, Andesco enfatizó que cualquier reglamentación tarifaria debe garantizar de manera prioritaria la protección de los derechos, la formalización y la remuneración de los recicladores de oficio, respetando los pronunciamientos y precedentes establecidos por la Corte Constitucional.
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