El presidente Abelardo de la Espriella ofreció excusas públicas por el carácter religioso que tuvo parte de su ceremonia de posesión, en cumplimiento de un fallo de tutela que determinó que durante el acto se vulneró el principio de neutralidad religiosa del Estado.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ofreció excusas públicas al país por la inclusión de un acto de invocación y alabanza religiosa durante su posesión presidencial, realizada el pasado 7 de agosto en Cali.
La declaración del mandatario se produjo en cumplimiento de una decisión judicial que amparó los derechos fundamentales relacionados con la libertad de conciencia y de culto y cuestionó el carácter religioso que tuvo una parte de la ceremonia oficial.
El fallo fue proferido en primera instancia por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, luego de una acción de tutela presentada por el ciudadano Omar Alberto Franco Becerra. El juez concluyó que la ceremonia de posesión incorporó elementos que podían desconocer el principio de neutralidad religiosa que debe observar el Estado colombiano.
¿Qué ocurrió durante la posesión de Abelardo de la Espriella?
Durante la ceremonia de posesión presidencial se abrió un espacio denominado de “invocación y alabanza”, en el que participaron representantes de diferentes confesiones religiosas: dos sacerdotes católicos, un pastor evangélico y un rabino.
Aunque el acto fue presentado como una expresión de carácter plural, el juez consideró que la inclusión de este componente religioso dentro de una ceremonia oficial del Estado desconoció la obligación de mantener una posición neutral frente a las distintas creencias.
La discusión jurídica se centra en que la libertad religiosa está protegida constitucionalmente, pero las autoridades públicas, cuando actúan en ejercicio de sus funciones oficiales, deben evitar que sus actuaciones institucionales puedan interpretarse como una adhesión o preferencia por una determinada confesión.
La tutela ordenó disculpas públicas
El fallo judicial no solamente ordenó al presidente presentar excusas públicas. También le indicó que debe abstenerse, en futuros actos oficiales, de realizar conductas que impliquen una inclinación hacia la Iglesia católica o hacia cualquier otro credo particular.
La decisión estableció además que el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, debía ofrecer disculpas por haber permitido que durante la ceremonia de posesión se produjera la situación cuestionada.
Inicialmente, el fallo determinó que las disculpas debían hacerse mediante radio y televisión. La decisión, además, puede ser impugnada ante el Tribunal Superior de Bogotá y eventualmente llegar a revisión de la Corte Constitucional.
El componente religioso que generó la controversia
La controversia no se limitó al momento de invocación y alabanza. Durante aquella jornada, De la Espriella también realizó otras referencias religiosas en sus intervenciones públicas.
Uno de los episodios ocurrió en el batallón Pichincha, en Cali, donde el mandatario terminó uno de sus discursos con la expresión “¡Viva Cristo Rey!”, una frase que ha utilizado durante su trayectoria política.
El juez también tuvo en cuenta otras manifestaciones de carácter religioso realizadas por el presidente y señaló la necesidad de preservar la separación entre las convicciones personales del mandatario y el ejercicio institucional de la Presidencia.
Un debate sobre la neutralidad religiosa del Estado
El caso abrió un debate político y jurídico sobre los límites de las expresiones religiosas de los funcionarios públicos y, particularmente, de un jefe de Estado durante ceremonias oficiales.
La discusión no cuestiona el derecho de De la Espriella, como ciudadano, a profesar una determinada religión. El punto central del fallo está relacionado con la manera en que esas convicciones pueden expresarse cuando el mandatario actúa en nombre del Estado.
El episodio vuelve a poner sobre la mesa el alcance de la libertad religiosa y el principio de neutralidad estatal, especialmente en ceremonias oficiales en las que participan autoridades públicas y que tienen carácter institucional.
Las excusas ofrecidas por el presidente representan, así, el cumplimiento de una orden judicial derivada de una tutela que consideró vulnerados derechos fundamentales relacionados con la libertad de conciencia y de culto.
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