En una sorpresiva decisión, el abogado Jaime Granados, defensor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, decidió no asistir a la audiencia programada para el día de hoy, 11 de febrero de 2025, en el juicio que se le sigue al dirigente político por presuntos actos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
Al mismo tiempo, la defensa de Uribe interpuso una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá contra la Juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, y solicitó como medida provisional suspender las audiencias del juicio.
“Ya estamos en un nivel en el cual ante el miedo que producen las declaraciones en este juicio y ante el hecho de que comienza ya la fase más intensa que es la probatoria, se elige simplemente el rehuir a la justicia, no presentarse a una sesión como estás, lo cual puede constituir, eso lo ha dicho la jueza, un desacato, indicó el senador Iván Cepeda, testigo en el proceso.
“Así que vamos a examinar esa situación, vamos a ver qué vía toma el expresidente Uribe y su defensa, si es la de desafiar abiertamente ya a los jueces de la República”, añadió.
Este juicio ha atraído una gran atención tanto a nivel nacional como internacional, ya que se trata de uno de los casos más relevantes en la política colombiana en los últimos años.
Este proceso que ha estado en curso durante varios años tiene como base las acusaciones de que Uribe Vélez habría intentado influir y sobornar a testigos para afectar al senador Iván Cepeda.
La decisión de no asistir a la audiencia ha generado inquietud y especulaciones sobre la estrategia de defensa del exmandatario, que ha enfrentado varias denuncias relacionadas con su vinculación al paramilitarismo antes y durante su tiempo en la Presidencia de Colombia.
En la tutela, la defensa de Uribe argumenta que “la audiencia de hoy no garantiza el debido proceso y que se están vulnerando los derechos fundamentales de su cliente”.
Según los abogados del exmandatario, las condiciones en las que se desarrolla el juicio no ofrecen las garantías necesarias para asegurar una defensa adecuada, por lo que solicitan la suspensión de la audiencia hasta que se resuelvan las inconsistencias alegadas.
El tema de la tutela es particularmente relevante, ya que en Colombia las tutelas pueden ser utilizadas para proteger derechos fundamentales cuando se considera que estos están siendo vulnerados por una acción u omisión de las autoridades. En este caso, la defensa considera que las condiciones del proceso judicial podrían afectar gravemente los derechos de Uribe Vélez.
Este giro en el proceso ha generado reacciones divididas en el ámbito político y judicial. Mientras algunos sectores apoyan la decisión de la defensa como una medida para proteger los derechos del exmandatario, otros la consideran una táctica dilatoria para retrasar el juicio y evitar que se haga justicia en uno de los casos más esperados en la historia reciente de Colombia.
Se espera que el Tribunal Superior se pronuncie pronto sobre la tutela presentada por la defensa, lo que podría tener un impacto significativo en el futuro del juicio y en el desarrollo del caso. Los próximos días serán cruciales para determinar cómo avanza este proceso judicial de alto perfil.
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