En una decisión que reaviva la atención sobre la integridad del sistema penal colombiano, un juez del circuito de Bogotá condenó al abogado Diego Cadena —quien fue defensor del expresidente Álvaro Uribe— a 7 años de prisión domiciliaria por el delito de soborno en actuación penal, en un caso relacionado con el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve.
Según la sentencia, Cadena sobornó a Monsalve para que declarara falsamente ante la Corte Suprema en contra del senador Iván Cepeda, con el fin de favorecer la causa del abogado y sus representados.
Al fallarse la condena, el juzgado concedió el beneficio de prisión domiciliaria al condenado y no emitió orden de captura, lo que implica que continuará en libertad en tanto no se dicte otra medida coercitiva.
La Fiscalía insistió en que la conducta de Cadena atentaba contra la veracidad del sistema probatorio en procesos penales.
La condena se inscribe en un contexto judicial caliente, pues vincula actores relevantes de la política nacional y pone en la mira los mecanismos de influencias indebidas sobre testigos y excombatientes.
Además, la sentencia podría ser apelada en instancias superiores, por lo que el caso aún no se considera cerrado judicialmente.
Reacción institucional
Hasta ahora no se han divulgado reacciones oficiales del condenado ni de sus defensores. Respecto al expresidente Uribe, no ha habido declaraciones públicas inmediatas vinculadas a esta decisión judicial.
Por su parte, los sectores judiciales y académicos han manifestado que este fallo envía una señal de que el soborno a testigos —una práctica que socava la justicia— será sancionado aun cuando el implicado ocupe posiciones de alto perfil.
Próximos pasos procesales
Se espera que la defensa de Cadena interponga los recursos de rigor (apelación o nulidad) para impugnar la decisión.
La Corte o tribunal superior correspondiente deberá revisar la sentencia para confirmar, modificar o revocar la condena.
En el uso de la prisión domiciliaria, estarán condicionadas las garantías de vigilancia del cumplimiento, monitoreo judicial y posible revocatoria si se incumplen requisitos.
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