La Procuraduría General de la Nación ha decidido abrir una investigación a varios funcionarios públicos encargados de la seguridad en la ciudad de Barranquilla y municipios del área metropolitana, debido al alarmante aumento de la criminalidad que afecta a la ciudad.
Esta decisión responde a las constantes denuncias de la ciudadanía y a la creciente preocupación por los altos índices de asesinatos y delincuencia en general que, según expertos, reflejan una gestión ineficaz y negligente por parte de las autoridades responsables.
“De acuerdo con las indagaciones del Ministerio Público, para la época de los hechos (2019 a 2023), estos servidores no adelantaron de forma oportuna los planes o acciones necesarias para mitigar, alejar o disuadir, los escenarios de riesgos planteados; lo que posiblemente ayudo a que se consumaran los hechos violentos”, precisó la Procuraduría.
El ente de control advirtió sobre el “riesgo inminente en que se encuentran las comunidades de Barranquilla y su área metropolitana, que comprende los municipios de Puerto Colombia, Soledad, Malambo y Galapa, por la presencia de al menos cinco grupos armados ilegales que se disputan el control territorial y negocios ilícitos”.
La investigación de La Procuraduría General de la Nación, inicialmente es contra los siguientes funcionarios: Ricardo Andrés Díaz Pérez, comandante del Gaula Militar Caribe; José Luis Agudelo Jaimes, comandante de la Segunda Brigada del Ejército, Jorge Armando Ortiz Toro, comandante del Batallón de Policía N.º 2 de Barranquilla.
Igualmente, contra Yesid Turbay Pereira, secretario del Interior del Atlántico; Jaime Navarro Herrera, subsecretario de Participación Comunitaria del Atlántico; Bertulfo Gutiérrez Vásquez y Piedad Ahumada, profesionales especializados de la Secretaría de Gobierno de Barranquilla; Leonel Morrón Maiguel, secretario de Gobierno de Puerto Colombia; y Luis Carlos Oquendo, secretario de Gobierno de Galapa.
Todos estos funcionarios estaban ene se momento a cargo de dar respuesta rápida a la Alerta Temprana N° 0 037 de 2020.
La fuerte escalada de violencia
En los últimos meses, Barranquilla ha sido escenario de una escalada de hechos violentos, desde homicidios hasta robos y extorsiones. A pesar de los esfuerzos de la policía y otras entidades de seguridad, la ciudad sigue siendo uno de los focos más críticos en cuanto a criminalidad en la región Caribe. Esto ha generado una creciente desconfianza en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad de los barranquilleros.
La investigación de la Procuraduría, que se centrará en la posible responsabilidad de funcionarios vinculados a la administración pública y a las fuerzas de seguridad, tiene como objetivo esclarecer si hubo omisiones o actos de negligencia que permitieran el desbordamiento de la criminalidad en la ciudad.
En este sentido, la Procuraduría hará un análisis exhaustivo de la gestión y la ejecución de las políticas de seguridad pública, así como de la respuesta institucional ante las denuncias ciudadanas y los reportes de las autoridades locales.
A pesar de los recursos destinados a la seguridad, la falta de coordinación entre las distintas entidades y la evidente falta de estrategias efectivas parecen ser factores que contribuyen a la ineficacia del sistema de seguridad en la ciudad.
Es un paso importante
Para muchos barranquilleros, la apertura de esta investigación por parte de la Procuraduría es un paso importante, pero también genera incertidumbre sobre la verdadera capacidad del sistema judicial para hacer frente a la impunidad que parece prevalecer en la región.
La ciudad, que ha sido históricamente un referente de progreso en la Costa Caribe, hoy enfrenta una crisis de seguridad que afecta tanto a su imagen como al bienestar de sus habitantes.
Si la investigación logra demostrar responsabilidades por parte de los funcionarios, las consecuencias podrían ser severas, no solo para los implicados, sino también para el futuro de las políticas de seguridad en Barranquilla. Los barranquilleros esperan que esta acción marque el inicio de un proceso de cambio y que la justicia, por fin, empiece a abordar la realidad que viven a diario.
Sin embargo, no basta con abrir investigaciones. Barranquilla necesita respuestas concretas y acciones efectivas para frenar la violencia que azota las calles y devuelve la esperanza a una ciudadanía que, hoy más que nunca, exige seguridad y justicia.
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