Acopi Seccional Atlántico expresó su profunda preocupación ante la reciente modificación de las tarifas del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) implementada por la Alcaldía Distrital y el Concejo de Barranquilla.
Rosmery Quintero Castro, directora de este gremio y Presidenta del Observatorio Nacional de la MiPyme, ha liderado la crítica, señalando que la forma en que se gestiona este ajuste “no respeta los principios de transparencia y participación ciudadana”. Quintero advierte que la medida no ha sido concertada ni publicada conforme lo establece el decreto 270 de 2017.
La principal preocupación de Acopi radica en el incremento diferenciado de las tarifas para actividades esenciales.
Para las actividades de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica, la tarifa del ICA sufrió un aumento del 50 %, pasando del 20 al 30 por mil.
Por otra parte, se anunció un aumento del 20 % en la tarifa para varios servicios públicos esenciales, al pasar de 25 al 30 por mil. Estos servicios incluyen la prestación de servicios públicos domiciliarios de acueducto, de aseo, alcantarillado, y de gas combustible, así como la producción de gas y el transporte por tuberías.
Acopi Seccional Atlántico subraya que, dado que estos cambios impactan a servicios públicos, “afectarán directamente los gastos de la cadena de producción, comercialización y suministro”, y es muy probable que los responsables trasladen el incremento a la ciudadanía y al sector empresarial en general.
La directora Quintero además criticó que la Alcaldía de Barranquilla no está siendo consecuente con la realidad empresarial y recordó que el PIB per cápita de los ciudadanos del distrito alcanza los 27 millones de pesos, una cifra menor al promedio nacional de 32 millones. Adicionalmente, se estaría incumpliendo una promesa del año anterior de no realizar más incrementos en las tarifas del ICA.
Peticiones del gremio
Ante este panorama, Acopi Seccional Atlántico ha presentado una serie de peticiones específicas a las autoridades distritales:
- No incrementar las tarifas del ICA.
- Ampliar los plazos de reducción de intereses y sanciones establecidos en el proyecto de acuerdo, extendiendo el 80 % hasta el 31 de diciembre de 2025 y el 60 % hasta el 31 de enero de 2026.
- Exigir que el distrito publique anualmente y de manera responsable la agenda regulatoria ante función pública y en la web.
- Realizar procesos de socialización ciudadana en la proyección de modificaciones o nuevas regulaciones.
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