El ministro del Interior, Armando Benedetti, en una acción inédita y a través de una declaración pública que él mismo calificó como una denuncia de abuso de poder, informó que su residencia está siendo objeto de un allanamiento judicial.
El alto funcionario arremetió con dureza contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, a quien tildó de demente y delincuente, asegurando que la medida carece de fundamento legal y es producto de una persecución obsesiva en su contra.
Benedetti, quien es investigado por supuesta corrupción cuando fue senador, manifestó que esta diligencia es un claro abuso de poder y desafió públicamente a la magistrada, afirmando que no se encontrará “NADA” en su hogar, el cual siempre ha sido de “puertas abiertas”.
En su defensa, Benedetti planteó serias dudas sobre la jurisdicción de la togada. Recalcó que la Corte Suprema de Justicia solo posee facultades para investigar a los congresistas.
Dado que él dejó de ser legislador hace más de tres años, argumenta que la Corte no tiene potestad para investigarlo por hechos que supuestamente habrían ocurrido en los años 2023, 2024 o 2025. Adicionalmente, subrayó que la magistrada Lombana ha sido recusada en dos ocasiones previamente por haber manifestado su interés explícito en incriminarlo en delitos, lo que, según el denunciante, debería impedirle seguir con el proceso.
Es un acoso judicial
El funcionario sostuvo que la magistrada no está llevando a cabo una investigación seria, sino que “explora en el planeta Tierra a ver si cometí un delito”, buscando juzgarlo con conjeturas en lugar de confirmar hechos.
El ministro del Interior elevó la gravedad de sus denuncias, aludiendo a un prolongado acoso judicial que, según él, ha durado siete años e involucrado más de 200 testigos.
Detalló que la supuesta obsesión de la magistrada ha escalado a niveles desproporcionados, al ordenar investigar financieramente, y sin tener las facultades legales para hacerlo, a un total de 50 de sus familiares.
Aseguró que esta lista incluye a sus hijos menores de edad, así como a esposos y esposas de tíos y tías, y primos. Benedetti también censuró la filtración sistemática de todos sus procesos a los medios de comunicación.
“Ella no me investiga, ella explora en el planeta Tierra a ver si cometí un delito, ella no quiere confirmar algo sino juzgarme con conjeturas. Está enferma y obsesionada conmigo”, indicó.
Montaje y vínculos internacionales
Benedetti también vinculó el allanamiento a un presunto montaje en su contra. Mencionó que el periodista Gonzalo Guillén ya había advertido en julio, citando declaraciones del ‘narcochofer’, sobre una conspiración que involucraría a Diego Cadena y al FBI para incriminarlo.
En este contexto, el ministro denunció que la magistrada Cristina Lombana estaría suministrando al FBI “información manipulada por ella”, violando así su debido proceso con el objetivo de incriminarlo en lavado de activos.
El alto funcionario se preguntó si la magistrada hace “parte de la banda del montaje que ya había denunciado Guillén y el ‘narcochofer’”.
La denuncia culminó con acusaciones extremas respecto al manejo de testigos. El alto cargo afirmó tener información de que la magistrada Lombana “increpa, tortura y amenaza testigos para que me incriminen o me inventen delitos”.
Llamado a la Corte Suprema
Ante lo que considera una persecución judicial “sin una sola prueba, sin un solo testigo”, Benedetti hizo un llamado vehemente a los magistrados de la Corte Suprema. Les suplicó que presten atención a la situación y detengan lo que llamó la “persecución desatada y obsesionada”.
Finalmente, el ministro anunció su intención de buscar justicia fuera del país, declarando: “Iré a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque nadie detiene a ese monstruo”. Además, solicitó a los medios de comunicación que realicen un seguimiento exhaustivo al allanamiento y a todo el proceso judicial en curso.
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