Un hecho sin precedentes se viene registrando en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, regional Barranquilla. La sala de necropsias de la entidad literalmente está colapsada.
Y aunque algunos quieran buscarle causas relacionadas con falta de dotación y deficiencias en diferentes órdenes, la razón es cruelmente contundente: El incremento histórico de los homicidios en Barranquilla y el Atlántico en general.
Las cifras de asesinatos en este territorio del país siguen disparadas. En el primer semestre de este año se produjeron 451 asesinatos, de los cuales 79 se registraron solo en el mes de junio. De este número global de muertes violentas 396 se presentaron en el Área Metropolitana de Barranquilla. Solo en la capital del Atlántico ocurrieron 249 casos.
Esta tendencia no se ha detenido y por ello la cantidad de cadáveres que llega a Medicina Legal cada vez es mayor, rebasando sus capacidades. En otras palabras, lo que está ocurriendo es atípico, provocando que la entidad no dé abasto para hacer tanta cantidad de autopsias en los tiempos apropiados.
De esta manera, como consecuencia del represamiento de cuerpos, este procedimiento no fluye como debería y a pesar de que las neveras funcionan algunos cadáveres se quedan por fuera de estos espacios de conservación, comienzan a descomponerse y los malos olores no se hacen esperar, afectando a las comunidades vecinas.
El aumento en los índices de violencia
La respuesta de Medicina Legal a un derecho de petición presentado por una veeduría ciudadana, confirma que la principal causa de esta crisis, es lo que llamó “el incremento de los índices de violencia en el departamento del Atlántico”.
También hay otras causas, como el hecho que la población migrante tiene dificultades de identificación inmediata y los casos de cadáveres en condición de no identificados que llegan principalmente al servicio de antropología forense, además de aquellos que requieren abordajes interdisciplinarios.
Ante este escenario también resulta urgente que como quiera que está adscrita a la Fiscalía General de la Nación, el ente investigador le asigne mayores recursos para su ampliación y mayor dotación, de tal manera que responda con suficiencia al duro reto que afronta por cuenta del crítico escenario de muertes violentas que afectan a Barranquilla y el Atlántico.
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