La denuncia fue revelada por el alcalde de Repelón, Jorge Reales, luego de que la Defensoría del Pueblo emitiera una alerta temprana por el riesgo que enfrentan habitantes y autoridades de cinco municipios del centro del Atlántico. Los mandatarios pidieron reforzar su esquema de seguridad.
Una grave amenaza contra uno de los alcaldes del Atlántico encendió las alarmas entre los mandatarios municipales y las autoridades, en momentos en que la Defensoría del Pueblo acaba de advertir sobre el avance y la disputa de estructuras criminales en cinco municipios del departamento.
El alcalde de Repelón, Jorge Reales, reveló que uno de sus colegas —cuyo nombre no ha sido divulgado por razones de seguridad— denunció que existe un ofrecimiento de $5 millones para asesinarlo.
La información fue conocida durante una reunión de los alcaldes de los municipios incluidos en la Alerta Temprana 019 de 2026 de la Defensoría del Pueblo. Según Reales, el mandatario amenazado llegó al encuentro visiblemente afectado y mostró evidencias relacionadas con las intimidaciones.
“A su cabeza le pusieron 5 millones de pesos y lo estaban buscando para asesinarlo”, relató Reales al referirse a lo que habría denunciado su colega.
La situación generó preocupación entre los demás alcaldes, especialmente porque la amenaza se conoce apenas días después de que el organismo defensorial advirtiera sobre el deterioro de las condiciones de seguridad en Luruaco, Repelón, Sabanalarga, Baranoa y Polonuevo.
Cinco municipios bajo alerta por presencia de grupos criminales
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 019 de 2026 debido a la disputa entre diferentes estructuras armadas y organizaciones criminales por el control territorial y de rentas ilícitas en esta zona del Atlántico.
De acuerdo con el organismo, allí convergen estructuras como el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), ‘Los Costeños’ —Bloque Resistencia Caribe—, ‘Los Pepes’, ‘Los Rastrojos Costeños’ y bandas delincuenciales tercerizadas.
La ubicación de estos municipios es considerada estratégica por las organizaciones criminales debido a su conexión entre el Área Metropolitana de Barranquilla, el canal del Dique y los departamentos de Bolívar y Magdalena, corredor que facilitaría la movilidad de los grupos y el desarrollo de actividades como extorsión, microtráfico y hurto de ganado.
La Defensoría también alertó sobre homicidios, amenazas, restricciones a la movilidad, fronteras invisibles, panfletos intimidatorios y patrullajes de hombres armados en zonas rurales.
Los homicidios también se dispararon
El deterioro de la seguridad queda reflejado en las cifras citadas por la Defensoría.
En Sabanalarga, la tasa de homicidios pasó de 9,23 casos por cada 100.000 habitantes en 2023 a 31,55 en 2025, mientras que en Baranoa aumentó de 2,16 a 24,88 casos por cada 100.000 habitantes durante el mismo periodo.
La entidad también señaló que los homicidios contra mujeres en la subregión Centro del Atlántico se quintuplicaron entre 2023 y 2024, al pasar de uno a seis casos.
A este panorama se suma la ruptura, a comienzos de 2026, de una tregua entre ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, situación que habría provocado una nueva fase de confrontaciones y retaliaciones tanto en sectores urbanos como rurales.
Alcaldes piden protección urgente
Ante las amenazas, los alcaldes de los cinco municipios solicitaron un mayor acompañamiento de la Gobernación del Atlántico y del Gobierno Nacional.
Reales pidió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) reforzar las medidas de seguridad de los mandatarios de Repelón y Luruaco, al considerar que el riesgo no solamente afecta a los alcaldes sino también a sus familias y funcionarios.
El mandatario de Repelón aseguró además que las condiciones operativas de la Policía en su municipio son insuficientes para responder a la situación, debido a la falta de vehículos y al reducido número de uniformados para atender una población que incluye cinco corregimientos.
Los mandatarios también plantearon la necesidad de realizar un consejo de seguridad específico para los municipios incluidos en la alerta, con participación del Gobierno Nacional y las autoridades departamentales.
Por su parte, la Defensoría formuló 31 recomendaciones a entidades nacionales y territoriales y pidió activar con urgencia la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), con el propósito de adoptar medidas de protección, prevención y acceso a la justicia.
La preocupación ahora es que las amenazas contra los alcaldes sean una señal de que la violencia y el control de las estructuras criminales están alcanzando directamente a las autoridades locales, en una zona donde la Defensoría ya había advertido sobre un escenario de “gobernanza armada ilegal”.
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