Las obras de la Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique, un megaproyecto social y ambiental sin precedentes que beneficia a más de 1,5 millones de habitantes en Atlántico, Bolívar y Sucre, se encuentran en alto riesgo luego de la decisión del Gobierno nacional de aplazar los recursos destinados a la fase de preconstrucción.
La medida, que ha generado profunda preocupación en el sector, se formalizó mediante el Decreto 69 de 2025, el cual regula el aplazamiento de apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación. Este aplazamiento ha dejado a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) sin los fondos necesarios para respaldar los compromisos adquiridos con cargo a vigencias futuras.
El aplazamiento de recursos afecta directamente la millonaria deuda que el Gobierno nacional sostiene con la sociedad Ecosistemas del Dique S.A.S., el concesionario adjudicatario de la Asociación Público-Privada (APP).
El monto adeudado, correspondiente al pago de la fase de preconstrucción de junio de 2025, supera los 492 mil millones de pesos ($492.381.049.209, para ser exactos). Aunque el concesionario, conformado por Sacyr Concesiones, otorgó un periodo adicional sin intereses hasta el 15 de agosto de 2025, el incumplimiento persistió.
Desde entonces, la Nación está asumiendo intereses moratorios, que a la fecha suman cerca de $16 mil millones (con un interés mensual del 1,15 %), elevando la deuda total a cerca de $508 mil millones.
Las dos condiciones
Es importante señalar que el Decreto 69 de 2025 permite la reprogramación de recursos bajo dos condiciones: mutuo acuerdo entre las partes o incumplimiento por parte del contratista. Sin embargo, fuentes cercanas al proceso indican que no hubo mutuo acuerdo con Ecosistemas del Dique S.A.S.. Además, la concesión ha enfatizado que ha cumplido cabalmente con todas sus obligaciones contractuales, lo que implica que la segunda condición tampoco se cumple. La ANI estructuró el proyecto en 2022, asegurando vigencias futuras para cubrir gastos de operación, mantenimiento y pagos correspondientes a las fases de preconstrucción y construcción.
El concesionario advirtió que la falta de recepción oportuna del pago afecta la liquidez del proyecto, comprometiendo la continuidad de las actividades desarrolladas en esta primera fase, tales como el dragado, las labores de mantenimiento y las acciones sociales y ambientales.
La incertidumbre generada por la falta de recursos podría acarrear consecuencias graves para su desarrollo. La fuente cercana al proceso apunta que, ante esta situación, trabajos fundamentales podrían paralizarse, especialmente el dragado de mantenimiento para garantizar la navegabilidad del Canal del Dique.
De no reactivarse los recursos, el concesionario se vería obligado a paralizar los trabajos de la fase de preconstrucción a partir del próximo 30 de noviembre.
No resulta viable aplazar 100% del proyecto
El concesionario enfatizó que no resulta viable aplazar el 100% del presupuesto asignado para la presente vigencia, pues existen compromisos inmediatos y esenciales. La falta de estos recursos pondría en riesgo:
1. Navegación en el Canal.
2. Las obras de protección de orillas y adecuaciones viales complementarias.
3. El control de sedimentación en cuerpos de agua estratégicos como la Bahía de Cartagena y la Ciénaga de la Virgen.
Llamado urgente para garantizar la continuidad
Ecosistemas del Dique S.A.S. ha manifestado que requiere con urgencia la suscripción de un acuerdo formal que garantice la continuidad financiera y operativa del proyecto, así como una fecha clara y definitiva para la reactivación de los recursos.
El temor más severo es que este aplazamiento derive en una liquidación anticipada del contrato. De ocurrir, la Nación se vería obligada a asumir una millonaria indemnización, mientras que la región se quedaría sin las obras necesarias para la mitigación del cambio climático y la reducción de riesgos de inundación (similares a los de 2010), persistiendo el pasivo ambiental derivado de la degradación de los ecosistemas.
El proyecto, adjudicado el 7 de diciembre de 2022 y con inicio formal de ejecución el 1° de junio de 2023, requiere que el Gobierno defina un nuevo esquema financiero que brinde certidumbre y estabilidad para el mediano plazo.
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