El sector portuario de Barranquilla expresa su preocupación ante la inminente finalización del contrato de dragado y la falta de garantías financieras para asegurar la continuidad del servicio durante el próximo año. Lucas Ariza, director ejecutivo de la Asociación de Puertos del Atlántico (Asoportuaria), hizo un llamado vehemente al Gobierno nacional para que acelere la aprobación de las vigencias futuras.
El contrato actual de dragado se extiende hasta diciembre de este año, y la organización gremial subraya que los trámites para las vigencias futuras de 2026 deben estar listos con anticipación. La solicitud específica de Asoportuaria busca garantizar la contratación del dragado del canal de acceso al Puerto de Barranquilla durante el primer semestre de 2026.
Ariza ha advertido que el principal riesgo de la demora en la asignación de recursos es iniciar el año sin draga, lo que inevitablemente desencadenaría una crisis, situación que se busca prevenir. La falta de dragado oportuno en el pasado ha tenido consecuencias graves, incluyendo retrasos en las operaciones, el encarecimiento de fletes y el desvío de buques hacia otros puertos.
Para evitar esta situación, la política de planificación anticipada, mediante la autorización de vigencias futuras, ha sido la “clave” para mantener el calado óptimo, actualmente estable en 10 metros, durante los últimos tres años.
“Desde hace tres años, el Ministerio de Transporte y Cormagdalena han logrado que se autoricen las vigencias futuras, es decir, que desde el año anterior se apruebe la partida para contratar el dragado del año siguiente. Así, en enero ya tenemos draga y no nos quedamos sin el servicio”, explicó Ariza.
Urgencia de recursos
Aunque el dragado está asegurado hasta diciembre de 2025, la continuidad depende de una gestión inmediata. El dragado requerido tiene un costo estimado de alrededor de 100.000 millones de pesos anuales. Cormagdalena solicitó que se garanticen al menos los primeros seis meses, lo que se traduce en aproximadamente 50.000 millones de pesos.
No obstante, Cormagdalena todavía no ha recibido respuesta sobre esta solicitud. Ariza indicó que no se tiene certeza sobre el estado de los trámites ante el Ministerio de Transporte, si ya fueron aprobados o si aún falta algún visto bueno.
“Hemos mandado comunicaciones a la Ministra preguntando por el tema, pero hasta ahora no hemos recibido respuesta”, sostuvo el dirigente gremial.
El director de Asoportuaria insiste en que, si este procedimiento no se mantiene, se corre el riesgo de volver a la contratación de emergencia, la cual encarece las operaciones y genera interrupciones.
“Lo que no quisiera es que este año volviera a ocurrir eso. Desde esta vigencia se debe aprobar la del otro año para que Cormagdalena pueda garantizar la continuidad, que es garantizar el servicio”, insistió Ariza.
La preocupación se agudiza al considerar que el final y el inicio del año son periodos en los que típicamente la sedimentación es alta. Ariza resaltó que es fundamental que este logro en la gestión del canal se mantenga hasta el 7 de agosto de 2026, fecha en que se posesionará el nuevo Gobierno.
Es importante que la aprobación de las vigencias futuras se realice antes de que culmine el actual mandato del presidente Gustavo Petro.
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