“Buscamos evitar detrimento de $1,3 billones”: Director de la SAE sobre Triple A

Más de una suspicacia ha levantado no solo en Barranquilla, sino en el resto del país, la celeridad con la que actuó la Procuraduría General de la Nación frente a decisiones adoptadas por el Director de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, con respecto al manejo de la Triple A, empresa que presta los servicios de agua, alcantarillado y aseo a Barranquilla y a 15 municipios del Atlántico.

El resumen el caso es el siguiente: En noviembre del 2021, durante el gobierno del presidente de Iván Duque se acordó un contrato entre la SAE, presidida por Andrés Ávila, poseedora del 82% de las acciones de la Triple A, y la Alcaldía Distrital de Barranquilla dueña del 14,5%; de esa manera la compañía volvería al manejo del Distrito como lo fue antes de haber sido administrada por privados durante cerca de 30 años.

El cierre del negocio se dio con la empresa de capital mixto, K-Yena, a partir de la valoración de las acciones de la SAE por un monto de 565 mil millones de pesos, siendo la base un estudio financiero contratado con la firma internacional Deloitte. No obstante, posteriormente, se conoció otra valoración de la Superintendencia de Servicios Públicos por 1,9 billones de pesos.

Con el cambio de Gobierno Nacional, el nuevo director de la SAE, Daniel Rojas, decidió aguantar el contrato, pues además de haber conocido el monto del precio de la Triple A por parte de la Superservicios, se conoció que K-Yena, si bien el Distrito es el mayor accionista, con el 65%, también hay privados, con el 35%, y entre ellos el empresario antioqueño William Vélez, considerado como el ‘zar’ de la basura en el país.

Una investigación del periodista Daniel Coronell revela que cuatro días antes de que Iván Duque le entregara el mando del país a Gustavo Petro, Ávila convocó a Asamblea de Accionistas para dejar todo listo, a través de la elección de una nueva Junta Directiva y así cerrar el contrato con su aval.  

Sin embargo, la actuación de Rojas fue suspender lo actuado, mientras los organismos de control emitieran conceptos jurídicos, argumentando la evidente diferencia en el valor de la empresa. De paso, el nuevo presidente de la SAE, convocó a una nueva Asamblea de Accionistas y fueron cambiados los miembros de la Junta Directiva con afinidad del gobierno de Iván Duque.

Ante el hecho la Procuraduría intervino y le advirtió a Rojas que, por ley, estaba obligado a respetar el contrato ya suscrito, porque le podría significar un detrimento económico al Distrito por una cuantía cercana a los 59.000 millones de pesos, el 10% del contrato en caso de que sea reversado.

EVITANDO DETRIMENTO PATRIMONIAL

Sobre el controvertido caso, el periodista Daniel Coronell, hoy lunes, 13 de febrero, presentó la versión de Daniel Rojas, que fue suspendido del cargo por 3 meses por parte de la Procuraduría, luego de un informe rendido a la titular Margarita Cabello, por el viceprocurador general Silvano Gómez Strauch, y del funcionario que investigó su actuación.

Rojas explicó que con su actuación está evitando que el detrimento patrimonial sea de 1,3 billones de pesos. Igualmente, aseguró que la Procuraduría no es el organismo de control competente para establecer cuantías, sino la Contraloría General de la República, de la que están esperando un pronunciamiento.

“Lo que hemos hecho es una actuación preventiva, o temporal, mientras se pronuncian los organismos de control, por lo tanto, no hemos incumplido con contrato alguno. Lo de la Asamblea de Accionistas, esta se convocó porque se iban a vencer el plazo para su realización”, comentó el director de la SAE.

Igualmente reconoció que en la SAE no son expertos en el manejo de empresas de servicios públicos, pero que por encima está la defensa de los dineros públicos, libres de corrupción. Al mismo tiempo, se mostró sorprendido con la celeridad con la actuado la procuradora Margarita Cabello, al suspenderlo del cargo.

NO HAY CELERIDAD

Por su parte, el viceprocurador general Silvano Gómez Strauch, sostuvo que “no hay celeridad, sino que la ley así lo contempla, circunstancias que así lo ameritan”, como es el hecho de existir un contrato firmado entre entidades públicas que pueden representar detrimento patrimonial al Distrito de Barranquilla.

Agregó que tampoco se trata de persecución contra el Director de la SAE y que él tiene todas las garantías, mediante el debido proceso, para demostrar que hizo lo correcto. “Nosotros convocamos a controvertir, todo es analizable desde lo jurídico”, anotó.

Sobre el caso, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, les dijo a los medios de comunicación que confía en que todo quede aclarado porque el proceso que se hizo, el de la contratación, fue con toda la transparencia del caso ajustado a las leyes.

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