El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez anunció durante la audiencia de lectura del fallo, que apelará de manera inmediata la condena impuesta en su contra por fraude procesal y soborno en actuación penal, tras ser hallado culpable en primera instancia.
La jueza Sandra Liliana Heredia le impuso una pena de 12 años de prisión domiciliaria, junto con una multa de 2.420 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y lo inhabilitó por 100 meses para ejercer funciones públicas.
En un discurso extenso que duró casi tres horas, Uribe denunció que el fallo responde a una “instrumentalización de la justicia con fines políticos” o “lawfare”, afirmando que con esta sentencia se busca “destruir a una voz de la oposición democrática”.
Ratificó su inocencia y acusó a la jueza de “parcialidad” y de actuar en favor de figuras como el senador Iván Cepeda o el ministro de Justicia Eduardo Montealegre.
También sostuvo que su abogado Diego Cadena actuó “por cuenta propia” en los contactos con exparamilitares y negó haber ordenado sobornos con el fin de conseguir testimonios favorables.
Ha predominado la política sobre el derecho
Uribe calificó la decisión judicial como política más que jurídicamente fundada: “Ha predominado la política sobre el derecho”, aseguró, y aseguró que “faltó investigación” y que el fallo se basó en “inferencias y suposiciones políticas”.
Su defensa legal, liderada por los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana, confirmó que interpondrá el recurso de apelación escrito dentro de los plazos legales ante el Tribunal Superior de Bogotá y, eventualmente, ante la Corte Suprema si es necesario.
También adujo que recibieron la versión final de la sentencia —de más de 1.100 páginas— apenas unas horas antes de la audiencia, sin acceso suficiente para analizarla en profundidad: “El resumen no contenía ni un tercio del análisis probatorio completo”, manifestó el penalista.
Durante el desarrollo de la diligencia, se produjo un fuerte cruce entre Uribe y la jueza Heredia cuando esta implicó a algunos de sus hijos en una supuesta filtración del fallo. Uribe protestó y exigió respeto hacia su familia: “Usted me ha tratado a mí de la peor manera… no le acepto que se meta con mi familia”, replicó con firmeza.
Este fallo de condena marca un hito histórico: es la primera vez que un expresidente colombiano recibe una sentencia penal. El Tribunal Superior de Bogotá deberá emitir su decisión definitiva antes del 15 de octubre de 2025, fecha en la que podría prescribir el proceso si no hay pronunciamiento final.
Todo se desprendió de denuncias contra Iván Cepeda
Recordemos que este caso radica en una polémica iniciada en 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por supuestas falsedades en el testimonio sobre paramilitarismo. La Corte Suprema concluyó que quienes habrían manipulado a los testigos eran cercanos al expresidente, invirtiendo la acusación original.
Sectores uribistas, incluidos familiares como sus hijos Jerónimo y Tomás, han cuestionado la legitimidad del fallo, alegando que fue redactado en plazos imposibles y con determinadores políticos que buscan silenciar a líderes de oposición.
Por otro lado, representantes del Pacto Histórico como Gustavo Petro han defendido la independencia judicial e incluso propuesto mecanismos de justicia transicional para exmandatarios, lejos de establecer persecuciones ideológicas.
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