En una decisión de primera instancia emitida hoy primero de agosto por la jueza Sandra Liliana Heredia, el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez ha sido sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria, al tiempo que se ordenó su captura inmediata para que la sentencia sea ejecutada.
El exsenador ha sido condenado por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, en el marco de uno de los procesos judiciales más relevantes en la historia reciente del país.
Se determinó el traslado inmediato del jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe a su finca en Rionegro (Antioquia) para cumplir la prisión domiciliaria bajo custodia estatal.
“Tenemos que la privación de la libertad inmediata resulta necesaria para asegurar la preservación de la convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos”, argumentó la jueza.
“Dadas las ocupaciones que manifestó desarrollar, su gran reconocimiento a nivel internacional, resulta fácil que podrá abandonar el país, para eludir la sanción impuesta”, agregó.
La máxima pena prevista por delitos cometidos
Este criterio busca evitar cualquier riesgo de fuga, dada la alta visibilidad internacional del exmandatario, así como asegurar que la sociedad no perciba impunidad, incluso mientras la defensa interpone recurso de apelación.
El delito de soborno en actuación penal y el de fraude procesal conlleva penas entre 6 y 12 años; la jueza impuso el máximo para ambos casos, superando los nueve años solicitados por la Fiscalía, y justificó esta decisión en la gravedad del dolo y el potencial daño institucional.
La sentencia incluye una multa equivalente a aproximadamente 3.400 millones de pesos colombianos (alrededor de 578.000 – 822.000 dólares, según fuentes) y una inhabilitación para ejercer cargos públicos por más de ocho años.
Controversia jurídica y críticas de defensa
La decisión de ejecutar la detención antes de agotar el proceso de apelación generó fuertes cuestionamientos:
Expertos como el penalista Duván Castañeda argumentan que no se cumplen los requisitos de urgencia y ratio del derecho penal para justificar una captura anticipada, calificándola de desproporcionada.
Otro abogado, Víctor Mosquera, denunció una “privación arbitraria anticipada e injusta” que vulnera la presunción de inocencia, pues no hay sentencia firme porque la defensa aún no ha agotado las instancias judiciales.
Reacción de la defensa y próximos pasos
La defensa legal del expresidente anunció de inmediato que interpela la sentencia ante el Tribunal Superior de Bogotá, y eventualmente llegará a la Corte Suprema.
Mientras tanto, se mantiene firme en su estrategia de apelación, afirmando que el fallo responde a presiones políticas y no a criterios jurídicos puros.
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