Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG), recibió con beneplácito la decisión de la Corte Constitucional de declarar inconstitucional el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno de Gustavo Petro a finales de diciembre pasado.
Para el líder gremial, este fallo representa un hecho positivo no solo para el sector eléctrico, sino para el conjunto de la economía colombiana, al restablecer el orden constitucional y la seguridad jurídica para las empresas.
Castañeda enfatizó que la Corte fue contundente al señalar que la medida carecía de un “piso constitucional”. Según explicó el presidente de ANDEG, una emergencia de este tipo exige la existencia de hechos sobrevinientes, nuevos e inesperados, lo que no existió en este caso.
Señaló que los problemas fiscales y presupuestales que enfrenta el Gobierno Nacional no son situaciones nuevas, sino una brecha que se ha venido ampliando debido al gasto sostenido de la administración actual.
“El problema fiscal hoy en día no es un hecho nuevo ni sobreviniente”, afirmó Alejandro Castañeda, subrayando que estos escenarios deben resolverse mediante los mecanismos ordinarios y no a través de decretos de excepción.
Protección frente a la “reforma tributaria vía decreto”
Uno de los puntos más críticos destacados por ANDEG es el impacto que la emergencia tenía sobre la carga impositiva. Castañeda celebró que el fallo impida al Gobierno nacional realizar reformas tributarias de facto, saltándose el debate necesario en el Congreso de la República.
Cabe recordar que el decreto tumbado imponía una serie de nuevos impuestos y contribuciones que afectaban directamente al sector eléctrico, específicamente a través de la Superintendencia de Servicios Públicos. Con esta decisión, se frena la creación de cargas impositivas que no cuentan con el respaldo de un escenario de emergencia real y legalmente sustentado.
Certeza para la inversión
Para el sector energético, la firmeza de esta decisión tras la suspensión inicial en enero es una señal de claridad y certidumbre. Castañeda argumentó que la coherencia de la Corte envía un mensaje potente a los mercados y a los diferentes sectores productivos.
“Es una muy buena señal para la economía”, puntualizó el directivo, al explicar que la decisión permite a las empresas tener certeza sobre su tributación año a año, evitando que mecanismos excepcionales sean utilizados de “mala manera” para alterar las reglas de juego económicas fuera de los parámetros de la Constitución.
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