La Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, mediante el cual el Gobierno del presidente Gustavo Petro había declarado el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional.
Con una votación de 6 contra 2, el alto tribunal dejó sin piso legal la medida excepcional que servía de base para las recientes reformas decretadas por el Ejecutivo.
El fallo se fundamentó en la ponencia del magistrado Carlos Camargo, quien advirtió que la declaratoria de emergencia vulneró los principios democráticos y la separación de poderes.
Según el magistrado ponente, el Gobierno Nacional se apropió de competencias que pertenecen a otros órganos del Estado, lo que hizo necesaria la intervención de la Corte para evitar “perjuicios irremediables al orden institucional”.
La Sala Plena, que sesionó con ocho magistrados debido al impedimento de Jorge Enrique Ibáñez, ratificó que el uso de facultades extraordinarias no puede ser discrecional, sino que debe estar estrictamente ligado a los principios de necesidad y proporcionalidad.
En la votación final, los magistrados Héctor Carvajal Londoño y Vladimir Fernández Andrade salvaron parcialmente su voto.
Frenazo a nuevos impuestos
Desde el punto de vista económico, la decisión tiene un efecto directo y fulminante: se frena el recaudo de los nuevos impuestos creados bajo el amparo de la emergencia.
Para el contribuyente y el ciudadano común, esto se traduce en la suspensión inmediata de las cargas tributarias anunciadas recientemente, las cuales han perdido su sustento jurídico tras el análisis de fondo del tribunal.
Además de anular la norma matriz (el Decreto 1390), la Corte tomó medidas cautelares sobre las disposiciones derivadas. El tribunal fue enfático al declarar que los Decretos Legislativos 1474 de 2025 y 044 de 2026 continuarán sin producir efectos hasta que la Sala Plena profiera una decisión definitiva sobre su constitucionalidad.
Lo que sigue para el Gobierno
Aunque la emergencia general ha sido tumbada, la Corte Constitucional aclaró que los decretos reglamentarios derivados se mantienen suspendidos por ahora, pero el tribunal emitirá una sentencia individual para cada caso.
Este panorama obliga al Gobierno Nacional a buscar sus objetivos de política económica a través de los canales ordinarios del Congreso, respetando el cauce institucional que la Corte ha vuelto a blindar con este fallo.
Noticia relacionada: https://elnorte.com.co/petro-anuncia-nueva-reforma-tributaria-y-posible-emergencia-economica/
Más historias
Dian intensifica acciones para recuperar más de $1,28 billones en retenciones en la fuente
78% de los colombianos planea celebrar el Día del Amor y la Amistad
Colombia requiere mayor oferta energética para asegurar un crecimiento del 6 % y evitar riesgos de apagón: vicepresidente Restrepo