La jurista, cuya candidatura a magistrada de la CPI fue retirada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, aseguró que abandonar el Estatuto de Roma cerraría un “puente fundamental” de Colombia con la comunidad internacional y afectaría especialmente a las víctimas.
La exembajadora de Colombia en Países Bajos y candidata retirada a magistrada de la Corte Penal Internacional (CPI), Carolina Olarte, advirtió sobre las consecuencias que tendría para el país una eventual decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella de abandonar este tribunal internacional.
En entrevista con Caracol Radio, Olarte calificó como “grave” y “drástica” una eventual salida de Colombia del Estatuto de Roma, tratado que constituye la base jurídica de la Corte Penal Internacional. Según explicó, la decisión significaría cerrar uno de los principales canales de cooperación y reconocimiento internacional que el país ha construido durante las últimas décadas en materia de justicia.
“Retirarse de la CPI elimina un puente con la comunidad internacional”, sostuvo Olarte, al explicar que Colombia ha tenido una relación particularmente estrecha con el tribunal y que esa experiencia le ha permitido fortalecer sus instituciones de investigación y judicialización de los crímenes más graves.
Carolina Olarte: Colombia perdería un puente con la comunidad internacional
La jurista señaló que Colombia no solamente ha recibido cooperación y acompañamiento internacional, sino que también ha aportado al sistema de justicia penal internacional sus propias experiencias.
En particular, destacó el desarrollo de los mecanismos de justicia transicional y restaurativa implementados en el país tras décadas de conflicto armado.
“Colombia ha sido reconocida como el ejemplo más sofisticado y más desarrollado en materia de justicia restaurativa y justicia transicional”, afirmó Olarte, al considerar que esos avances tienen especial relevancia frente a los delitos que hacen parte de la competencia de la CPI.
Para la exembajadora, una eventual denuncia del Estatuto de Roma tendría repercusiones que irían más allá de una decisión diplomática, pues podría afectar la relación de Colombia con las instituciones internacionales dedicadas a investigar y sancionar los crímenes de mayor gravedad.
Olarte enfatizó que las consecuencias recaerían también sobre las víctimas y sobre las instituciones judiciales colombianas.
“Un retiro de Colombia del Estatuto de Roma cerraría ese puente fundamental que está en beneficio de nuestro país, de nuestra historia y en particular de nuestras víctimas y de nuestra jurisdicción”, sostuvo.
¿Qué implicaría una salida de Colombia de la CPI?
El Estatuto de Roma establece un procedimiento específico para que un Estado pueda retirarse de la Corte Penal Internacional. La salida no es inmediata: el artículo 127 establece que el retiro produce efectos un año después de que el secretario general de Naciones Unidas reciba la notificación correspondiente.
Además, el retiro no elimina automáticamente las obligaciones relacionadas con situaciones o procedimientos respecto de los cuales la CPI ya haya establecido jurisdicción. La propia jurisprudencia del tribunal ha señalado que la salida de un Estado no puede utilizarse para desconocer determinadas consecuencias jurídicas previamente establecidas.
La CPI tiene competencia sobre genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión, y funciona bajo el principio de complementariedad, es decir, interviene cuando las jurisdicciones nacionales no actúan de manera efectiva en los casos que corresponden a su competencia.
El retiro de la candidatura de Olarte abrió el debate
Las declaraciones de Carolina Olarte se producen horas después de conocerse el retiro de su candidatura a magistrada de la CPI por parte del Gobierno colombiano.
La jurista había sido postulada durante el anterior Gobierno y llevaba aproximadamente cuatro meses participando en el proceso de selección. De acuerdo con reportes sobre el proceso, había presentado informes, participado en reuniones y realizado el examen correspondiente ante el comité de selección.
Olarte aseguró que se enteró de la decisión por terceros y manifestó que no conoce las razones que llevaron al Ejecutivo a retirar su candidatura.
Su salida tiene además una dimensión regional: al momento del cierre de las postulaciones, era la única candidata de América Latina y el Caribe para las seis plazas de magistrados que serán definidas en diciembre.
La controversia ocurre mientras circulan versiones sobre una eventual decisión de Colombia de denunciar el Estatuto de Roma. Hasta ahora, esas versiones no han sido confirmadas formalmente por la Presidencia o la Cancillería, por lo que la eventual salida de Colombia de la Corte Penal Internacional continúa siendo un escenario en discusión y no un hecho consumado.
Para Olarte, sin embargo, el debate trasciende su candidatura. La jurista considera que está en juego la relación que Colombia ha construido durante años con la justicia penal internacional y el papel que el país ha desempeñado en materia de investigación, judicialización, justicia transicional y reparación de las víctimas.
La discusión sobre el futuro de Colombia ante la Corte Penal Internacional queda así abierta, mientras el Gobierno define si mantendrá al país dentro del Estatuto de Roma o avanzará hacia una eventual desvinculación.
Noticia relacionada: https://elnorte.com.co/colombia-retira-candidatura-carolina-olarte-corte-penal-internacional/
Más historias
El terremoto frena ventas del comercio en agosto, pero Fenalco prevé reactivación por la reconstrucción
Trump y Delcy Rodríguez se reunieron: así fue el histórico encuentro
Trump lanza advertencia ante la ONU: Estados Unidos usará la fuerza militar para defender sus intereses