Camcomercio pide al Inpec que controle las llamadas extorsivas desde las cárceles

El presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla (CCB), Manuel Fernández Ariza, indicó que urge un mayor control por parte de las autoridades judiciales frente a las llamadas extorsivas que se realizan desde las diferentes cárceles del país.

Fernández Ariza dijo que el problema no radica en la información que dicho criminales obtienen de sus víctimas a través de los documentos de registro mercantil, que son públicos. Anotó que el problema radica en que hay un criminal en la cárcel condenado que está haciendo llamadas a personas honestas.

“El verdadero problema está en cómo lograr que el Inpec por favor controle a los presos para que desde las cárceles no se hagan llamadas extorsivas. Las mismas autoridades afirman que el 90% de las llamadas de extorsión se hacen desde las cárceles”, expresó el ejecutivo.

Hizo un llamado a la reflexión en términos de que la información está ahí para los ciudadanos de bien. “El problema es de quienes abusan de esa información y cómo las autoridades desde policías, fiscales jueces, y demás órganos de seguridad controlan a los delincuentes para que no se abuse de esa información”, comentó.

El presidente de Camcomercio Barranquilla también hizo un llamado a los comerciantes para que se acerquen a las autoridades, que no contesten números desconocidos y que en la medida en que reciben este tipo de llamadas se comuniquen inmediatamente con el Gaula, autoridad que puede ayudar en este tipo de circunstancias.

Precisó que en el área metropolitana de Barranquilla del 2019 y el 2021 solamente se condenaron 1.5% de los casos denunciados por extorsión, una cifra demasiado baja para la magnitud del problema.

MEDIDA TRANSITORIA

Manuel Fernández Ariza, indicó que este asunto de la información que aparece en registro mercantil ha sido discutido al interior de Confecámaras, y producto de ello se logró que la Superintendencia de Industria y Comercio aprobara que en el Registro Único Empresarial no se incluye el celular del comerciante. No obstante Fernández dijo que cualquier medida que se tome desde el gremio es transitoria, porque se trata de documentos que por ley son públicos.

Además, indicó que cuando los delincuentes no obtienen la información de esa forma, llegan directamente a establecimiento de comercio.

Subrayó en que teniendo en cuenta que la razón de ser de un comerciante es vender, informar que él puede prestar un servicio, ocultar sus datos no ayuda a este propósito. “Yo creo que lo importante es entender que hay que exigirles a las autoridades el control de los presos para que no hagan llamadas”, afirmó.