El Concejo Distrital de Barranquilla aprobó el acuerdo que faculta al alcalde Alejandro Char para ceder, bajo un esquema de uso gratuito por 20 años, la infraestructura de acueducto, alcantarillado y aseo a la empresa Triple A.
Esta medida, que entrará en vigor en octubre de 2033 al finalizar la concesión actual, busca garantizar la estabilidad operativa y financiera de la compañía, aunque ha generado un intenso debate por el impacto fiscal y la pérdida de regalías para la ciudad.
El gobierno local y los defensores del proyecto en el Concejo sostienen que esta decisión es vital para el futuro de los servicios públicos en la ciudad.
La medida busca aliviar la situación de Triple A, que actualmente registra una deuda superior a los $420.000 millones y requiere inversiones anuales de aproximadamente $100.000 millones para mantener la calidad del servicio.
Según el concejal ponente, José Trocha, el aporte de la infraestructura no es un beneficio directo para la empresa, sino un “subsidio indirecto a la demanda” que beneficiará a todos los barranquilleros bajo los principios de universalidad y adaptabilidad.
La Alcaldía asegura que la nueva figura legal, distinta a la concesión tradicional, permitirá planificar inversiones a largo plazo y mejorar el perfil crediticio de la empresa, de la cual el Distrito es el accionista mayoritario.
Críticas y preocupaciones de la oposición
A pesar de contar con el voto mayoritario, la propuesta enfrentó la resistencia de los concejales Antonio Bohórquez y Recer Lee, quienes manifestaron serias dudas sobre la sostenibilidad fiscal de la decisión.
Bohórquez denunció que, al cambiar la figura jurídica para evitar el concepto de “concesión”, el Distrito dejará de percibir ingresos por regalías derivados del uso de su infraestructura.
La administración no presentó cifras ni proyecciones claras sobre cómo se compensarán estos recursos faltantes, lo que, según la oposición, podría derivar en la búsqueda de nuevas fuentes de financiación o mayores impuestos para los ciudadanos.
Igualmente, se cuestionó la aprobación de un compromiso de tan largo plazo sin contar con información suficiente sobre los efectos financieros reales para las arcas del Distrito.
Reacciones de la sociedad civil
Desde la Liga de Usuarios de Servicios Públicos, su coordinador Norman Alarcón calificó la decisión como una “extraña prórroga anticipada”. Alarcón señaló que resulta insólito comprometer los activos estratégicos de la ciudad ocho años antes del vencimiento del contrato actual.
Asimismo, se planteó la alternativa de esperar hasta 2033 para que la infraestructura se incorpore totalmente al Distrito, permitiendo que la Triple A se convierta en una empresa de carácter netamente público, eficiente y rentable, con posible participación de otros municipios y de la Gobernación del Atlántico.
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