La Sección Quinta del Consejo de Estado revocó este jueves la elección de Rafael Alejandro Martínez como gobernador del Magdalena, al considerar que incurrió en doble militancia al respaldar públicamente a candidatos de otros partidos mientras su colectividad, Fuerza Ciudadana, presentaba sus propias listas.
El alto tribunal determinó que Martínez violó la lealtad política exigida al solicitar apoyo para las candidatas María Charris y Miguelina Pacheco, quienes aspiraban al Concejo de Santa Marta y a la Asamblea del Magdalena, respectivamente, en un evento realizado en septiembre de 2023. En dicho acto, Martínez instó a los asistentes a votar por ellas, a pesar de que Fuerza Ciudadana tenía sus propios candidatos para esos cargos.
La decisión se basó en videos publicados por el medio local Opinión Caribe, que evidenciaron la participación de Martínez en el evento junto a las candidatas del Partido de la U. El Consejo de Estado consideró que este respaldo público contravino las normas sobre doble militancia y afectó la lealtad política exigida a los funcionarios electos.
Con esta sentencia, el Consejo de Estado reafirma su postura en casos similares, como el de los exsenadores Roy Barreras y Alexander López Maya, quienes también fueron despojados de sus curules por incurrir en doble militancia. La decisión refuerza la importancia de la disciplina partidaria y el respeto a las normas electorales en el ámbito político colombiano.
Convocarán nuevas elecciones
La Gobernación del Magdalena queda ahora en manos de un gobernador encargado mientras se convocan nuevas elecciones para elegir al sucesor de Martínez. La decisión ha generado reacciones encontradas en la región, con seguidores de Fuerza Ciudadana expresando su descontento y críticos del movimiento celebrando el fallo.
Este caso se suma a una serie de reveses judiciales para Fuerza Ciudadana, que en los últimos meses ha enfrentado la anulación de la personería jurídica del partido y la pérdida de la Alcaldía de Santa Marta, lo que podría marcar un punto de inflexión en la influencia política del movimiento en el Magdalena.
La Procuraduría General de la Nación también ha formulado cargos contra Martínez por presuntas irregularidades en la suscripción de convenios durante su periodo como alcalde de Santa Marta, lo que añade un nuevo capítulo a su historial judicial.
La decisión del Consejo de Estado subraya la necesidad de mantener la integridad y la transparencia en los procesos electorales, así como el compromiso con las normas que rigen la vida política del país.
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