En un fuerte pronunciamiento, el Consejo Gremial Nacional manifestó su rechazo categórico a la utilización del estado de emergencia económica, decretado para atender la crisis climática, como un vehículo para implementar modificaciones estructurales que deberían ser tramitadas a través del debate legislativo ordinario.
El gremio empresarial advierte que el Gobierno Nacional está excediendo el carácter transitorio y excepcional que la Constitución Política otorga al Ejecutivo en estados de excepción.
Según el comunicado, se están introduciendo cambios de fondo en materias tributaria, ambiental, financiera y operativa, tales como la imposición de cargas sobre ingresos brutos, la creación de tributos extraordinarios y reformas a la jurisdicción agraria.
Estas acciones, a juicio del CGN, constituyen un precedente institucional de máxima gravedad que pone en riesgo la seguridad jurídica y la confianza legítima necesaria para la inversión en Colombia.
Desmentido al presidente Gustavo Petro
Uno de los puntos más críticos del pronunciamiento es la respuesta directa a las afirmaciones del presidente Gustavo Petro.
A través de su presidenta, Natalia Gutiérrez, el Consejo Gremial aseguró que “no es cierto que haya existido un espacio real de diálogo técnico” para discutir las propuestas que permitieran atender la emergencia de manera concertada.
El gremio sostiene que no hubo una discusión previa ni una memoria económica suficiente que justificara los montos fijados en los decretos.
En su lugar, denuncian que el Gobierno optó por trasladar unilateralmente la carga al sector empresarial, ignorando las salidas responsables planteadas por el sector privado y expidiendo medidas que no cumplen con los criterios constitucionales de conexidad, necesidad y proporcionalidad.
Propuestas frente al gasto público
Frente a la imposición de nuevos gravámenes, el CGN argumenta que la solución debe empezar por una gestión pública eficiente y una disciplina en el gasto.
El gremio citó cifras que muestran un aumento significativo en el gasto de funcionamiento: los contratos por prestación de servicios pasaron de $12,1 billones en 2022 a $19,3 billones en 2025.
Para el año 2026, con un Presupuesto General de la Nación de $546,9 billones, el CGN propone que un ajuste del 10% al gasto de funcionamiento no comprometido liberaría recursos suficientes para atender la emergencia plenamente sin castigar la competitividad del país ni afectar la inversión.
Finalmente, el Consejo Gremial hizo un llamado al respeto estricto de los límites constitucionales, enfatizando que la emergencia exige eficiencia y responsabilidad, y no puede convertirse en un mecanismo para desplazar las funciones de las demás ramas del poder público.
Aunque se declararon dispuestos al diálogo, fueron enfáticos en que no apoyarán medidas que generen incertidumbre o desequilibrios económicos adicionales.
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