En un fuerte pronunciamiento, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) manifestó su rechazo y preocupación frente al Decreto Legislativo 0177 de 2026, advirtiendo que las medidas impuestas por el Gobierno Nacional vulneran la estabilidad del sector eléctrico y ponen en riesgo el suministro de energía en el país. Aunque el gremio reconoce la gravedad de la crisis climática actual, sostiene que la normativa expedida bajo el Estado de Emergencia no cumple con los estándares constitucionales de finalidad, necesidad y proporcionalidad.
El punto más crítico del decreto es la imposición, por un periodo de seis meses, de una transferencia adicional del 2% sobre las ventas brutas de energía para las generadoras hidroeléctricas y térmicas ubicadas en ocho departamentos. Esta sobretasa eleva la carga ambiental del 6% al 8% para las hidroeléctricas y del 4% al 6% para las térmicas.
Desde una perspectiva económica, Acolgen denuncia que este cobro se aplica sobre los ingresos brutos y no sobre las utilidades, lo que afecta directamente el flujo de caja de empresas que son intensivas en capital y poseen altos compromisos financieros. El gremio advierte que esta medida, lejos de ser inocua, terminará impactando el costo de vida de todos los colombianos al presionar alza en los precios de los contratos futuros.
Inseguridad jurídica y riesgos operativos
Otro eje de preocupación es la facultad otorgada a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) para modificar, de manera transitoria, los instrumentos de manejo ambiental de proyectos hidroeléctricos que cuenten con alertas del Ideam. Según Acolgen, esta disposición permite que las decisiones administrativas prevalezcan sobre compromisos contractuales y condiciones técnicas ya licenciadas, lo que fractura la confianza legítima y la seguridad jurídica necesaria para atraer inversión.
El gremio argumenta que estas modificaciones estructurales desbordan el alcance coyuntural permitido por el artículo 215 de la Constitución y no cuentan con una justificación técnica clara que explique por qué se fijó un 2% o cuál es el costo real que se pretende cubrir.
Amenaza a la seguridad energética ante El Niño
La advertencia no es solo económica, sino operativa. Acolgen señala que el decreto desconoce los compromisos de energía firme de los embalses, lo que compromete la confiabilidad del sistema en el mediano plazo. Esta situación es especialmente alarmante ante la posible llegada de un fenómeno de El Niño hacia finales de año, cuando la disponibilidad de recursos hídricos será crítica.
Al introducir asimetrías competitivas y castigar ciertas tecnologías, el decreto genera una incertidumbre regulatoria que podría frenar la inversión en un sector clave para el desarrollo del país. “Las presas han funcionado como un regulador de caudales previniendo desastres mayores”, recordó el gremio, subrayando que el sector ha sido fundamental para la estabilidad nacional.
Finalmente, Acolgen reiteró su disposición al diálogo técnico con el Gobierno para encontrar soluciones que protejan los ecosistemas estratégicos sin desestabilizar un sistema eléctrico que requiere reglas claras y estables para garantizar que la luz siga llegando a los hogares colombianos.
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