En un informe titulado ‘Abastecimiento con Calidad y Almacenamiento Energético en Colombia 2020-2030’, la Contraloría General de la República lanzó una alerta nacional sobre el riesgo de desabastecimiento energético y el incremento en los precios de los servicios públicos.
Esta situación se deriva de la falta de nuevos proyectos, deudas acumuladas con los prestadores del servicio y serias debilidades en la infraestructura de almacenamiento de hidrocarburos y energía eléctrica.
El panorama para los hidrocarburos es preocupante, con un horizonte de autosuficiencia que se ha reducido a solo 5,9 años para el gas y 7,2 años para el petróleo. El ente de control reveló que en 2024 solo se comercializó el 67% del gas extraído, lo que obligó al país a recurrir, por primera vez, a la importación de gas natural licuado para cubrir la demanda interna.
La Contraloría advierte que, si no se adjudican proyectos estratégicos de regasificación, especialmente en el Pacífico, existe un riesgo real de desatender la demanda desde el año 2026, afectando principalmente a las regiones del interior del país.
Asimismo, la dependencia de los mercados internacionales es cada vez mayor: actualmente, el 40% de la gasolina motor que consume Colombia es importada, una tendencia que también amenaza con extenderse al ACPM ante la falta de nuevos proyectos de refinación.
En cuanto al sistema eléctrico, el organismo señala que persisten cuellos de botella regulatorios y retrasos en proyectos estratégicos que comprometen la estabilidad tarifaria. Un factor crítico es el proyecto Hidroituango, cuya entrada en operación de los 1.200 MW pendientes es fundamental para que las energías renovables logren representar la tercera parte de la generación nacional hacia el 2030.
A esto se suma una crisis social persistente, con más de 1,3 millones de viviendas que aún carecen de servicio eléctrico, una brecha cuya solución requiere inversiones superiores a los $32 billones. La Contraloría critica la baja ejecución presupuestal y la gestión fragmentada de los recursos, recomendando la consolidación de la operación a través del Fondo Único de Soluciones Energéticas (Fonenergía).
Un llamado a la soberanía energética
El Contralor General, Carlos Rodríguez, ha reiterado la necesidad de que el Gobierno Nacional adopte decisiones estructurales frente a la actual coyuntura internacional, marcada por conflictos en Ucrania y tensiones en Medio Oriente, que incrementan la volatilidad de los precios. Para evitar un racionamiento, se urge a reactivar la exploración en contratos vigentes, flexibilizar la regulación y aumentar la meta de almacenamiento mediante baterías a más de los 1.500 MW previstos actualmente.
La advertencia es clara: la planeación energética debe sincronizar de inmediato las metas de cobertura con garantías reales de abastecimiento para proteger el bolsillo de los usuarios y preservar el patrimonio público.
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